Corte frena uso de camionetas blindadas para ministros; reasigna a jueces 

Corte frena uso de camionetas blindadas para ministros; reasigna a jueces. FotoEspecial

Hugo Aguilar Ortiz presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afirma que la decisión responde a la austeridad 

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, informó que los ministros no utilizarán las nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee recientemente adquiridas, en atención a los principios de austeridad y ante la ausencia de riesgos de seguridad para los integrantes del Pleno.

Durante una conferencia de prensa realizada este lunes, el máximo tribunal explicó el destino de las unidades cuya compra fue confirmada la semana pasada y que generó críticas en medios y redes sociales.

Aguilar Ortiz detalló que, tras dialogar con ministras y ministros, se acordó no asignar los vehículos al Pleno.

Seguridad no implica lujo ni cambiar la decisión de servir al pueblo con lo mínimo necesario”, subrayó el ministro presidente, al tiempo que reconoció el cuestionamiento público por la adquisición.

Respecto al destino de las camionetas, Aguilar Ortiz señaló que, junto con el presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas, se evaluó la opción más viable: reasignarlas a jueces y juzgadores que enfrentan mayores riesgos, dado que la institución requiere este tipo de unidades para su labor.

El presidente de la Corte aclaró el costo de los vehículos, precisando que cada unidad tuvo un precio aproximado de 2.4 millones de pesos, y desmintió versiones que hablaban de costos superiores a tres millones, así como que las camionetas estuvieran emplacadas en el estado de Morelos.

En la misma conferencia, Néstor Vargas presentó cifras sobre el ahorro derivado de la compra del parque vehicular del Poder Judicial de la Federación, al dejar de rentarlo, estimado en alrededor de mil millones de pesos.

Las autoridades del Poder Judicial insistieron en que la medida busca conciliar seguridad institucional con austeridad, y garantizar que los recursos ya ejercidos tengan un uso funcional y justificado dentro del sistema judicial.