Establece que, representantes de la comunidad mexicana migrante podrán ser consejeras y consejeros invitados por el Instituto Nacional de la Economía Social.
Ciudad de México, 16 de noviembre de 2022.- Por unanimidad de 481 votos, la Cámara de Diputados modificó la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Artículo 25 de la Constitución, para incorporar a las organizaciones de personas mexicanas radicadas en otros países al sector social de la economía.
El dictamen establece que, dentro del Consejo Consultivo de Fomento a la Economía Social, representantes de la comunidad mexicana migrante podrán ser consejeras y consejeros invitados por el Instituto Nacional de la Economía Social. El documento fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
A detalle, se reforma y adiciona los artículos 4 y 25 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política, en lo referente al sector social de la economía.
Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, la diputada Ana Teresa Aranda Orozco por el partido Acción Nacional indicó que la finalidad es integrar a las y los mexicanos migrantes radicados en otros países al sector social de la economía y reconocer sus derechos consagrados en la Carta Magna, además de otorgarles las herramientas para que avancen.
También, dijo, se busca integrar a las comunidades migrantes al Consejo Consultivo de Fomento a la Economía Social, con la intención de que tengan participación activa en este sector y dar cumplimiento a sus derechos económicos establecidos en la Constitución.
La diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío (MC) expuso que para tener una economía equitativa es indispensable fortalecer el crecimiento y el desarrollo de manera integral, así como tomar acciones para incorporar todos los elementos que componen la economía nacional.
A su vez, la promovente, diputada María Elena Serrano Maldonado (PRI), afirmó que al sector migrante se le debe considerar en las prioridades de la agenda nacional de los tres niveles de gobierno, a fin de mejorar la situación económica de millones de mexicanas y mexicanos que históricamente se han desplazado a otros países en busca de mejorar sus condiciones de vida.
Relató que, se busca dar certeza jurídica a la contribución económica solidaria que por medio de remesas colectivas realizan los connacionales para el desarrollo de sus familias y comunidades de origen, especificó.
