Francisco Rivas | Investigación.
Susana Osorio y Erika Osorio | Ilustraciones.
En 2017 Rogelio Arellano fungió como presidente del Comité de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Técnica Teniente José Azueta, en San Juan Amecac, municipio de Atzitzihuacan -en las faldas del Popocatépetl- y, entonces, junto con otros, se organizaron para conseguir la rehabilitación de las instalaciones dañadas por el sismo del 19 de septiembre de ese año.
Después de 10 meses la reconstrucción quedó lista. No solo eso, recibieron más: una biblioteca, mobiliario para la sala de cómputo y equipamiento como pupitres nuevos; pero hay un detalle, no por cuenta del gobierno del estado de Puebla. Ahí intervinieron las fundaciones BBVA Bancomer, Kaluz, además de la organización Mexichem y el Nacional Monte de Piedad.
Lo que no supo Rogelio, hasta ahora, cinco años después, es que el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), durante el mandato del gobernador Antonio Gali Fayad, otorgó en adjudicación directa un contrato por más de 26 millones de pesos para reconstruir esa y otras 141 escuelas que resultaron con afectaciones menores, pero las obras no las hizo la empresa.
Esta investigación tuvo acceso a 56 documentos entre actas del Registro Público del Comercio, reportes de contratos de obra, informes oficiales del gobierno federal y del estado, oficios de transparencia y, adicionalmente, a la revisión física de 35 instituciones educativas y 15 domicilios fiscales, que dan cuenta de un gasto de 134 millones 562 mil 984 pesos.
De ese total, 26 millones 191 mil 920 pesos corresponden a un contrato que involucró a 142 escuelas de los municipios de Atlixco, Atzitzihuacan, Tochimilco, Acteopan, Ocoyucan y Santa Isabel Cholula, en obras que no se hicieron, se ejecutaron por personal propio del gobierno o, en su caso, corrieron a cargo de padres de familia y de fundaciones, pero se pagaron a una empresa: Infraestructuras Globales 220 S.A. de C.V.
El resto, 108 millones 371 mil 064 pesos, se pagaron a otras cuatro empresas, una inscrita en el listado definitivo de contribuyentes con actividades inexistentes y, las tres restantes, creadas con datos falsos, al usar identidades de personas y domicilios que no corresponden a ninguna actividad empresarial. A este grupo le encargaron la reconstrucción de 445 escuelas.
El contrato de la corrupción.
El 7 de octubre de 2020, durante una conferencia de prensa en línea, el gobernador Miguel Barbosa afirmó la existencia de 162 obras de reconstrucción en igual número de escuelas dañadas por el sismo “que no se hicieron” y lo calificó como un acto de corrupción.
Sobre esas declaraciones, el 7 de junio de 2021 el CAPCEE transparentó el número de contrato CAPCEE-128/2017-FED-B con listado de 142 escuelas -con nombre, localidad, municipio, clave de centro de trabajo y monto de la rehabilitación por cada una-.
En ese oficio confirmó la adjudicación directa a favor de la empresa Infraestructuras Globales 220 S.A. de C.V., presentando como administrador único a Marco Emilio Martínez Traslosheros, persona que aparece como principal accionista de la sociedad anónima que inició con una inversión de 3 millones de pesos.
Martínez Traslosheros reportó como domicilio fiscal la casa número 120 de la Avenida Tehuacán Sur, en la Colonia La Paz de la ciudad de Puebla. Esa dirección es inexistente.
De las 142 escuelas encargadas a esa empresa, las obras se ejecutaron con recursos propios de las instituciones educativas, aportaciones de padres de familia, intervención de fundaciones o acción directas del personal del CAPCEE, pese a que era una obra adjudicada.
Infraestructuras Globales 220 S.A. de C.V. estaba a cargo de la obra de reconstrucción en la Escuela Oficial Antonio Serrano de Atlixco -en la región Popocatépetl-, en donde se hizo la intervención de los espacios afectados, pero a cinco años de distancia, aparecieron de nueva cuenta las fallas estructurales.
“La gente de CAPCEE vino a realizar la obra en su momento (2017) pero vea ya como está y es un riesgo porque otro sismo y entonces si se cae el salón”, comentó un docente.
El contrato también establecía la intervención de las instalaciones de la Escuela Centro Obrero Federal, localizada en la Calle Constitución número 4, en el Centro de Atlixco y cuyo costo ascendió a 604 mil 674 pesos. Pero no hubo reconstrucción.
Las irregularidades son la constante en la región. La Escuela Benito Juárez de San Juan Amecac, también de Atzitzihuacan, estaba enlistada en el contrato de reconstrucción, pero su director Pedro Nolasco Lara confirmó que esas obras las realizaron con recursos propios.
El caso de la Escuela Secundaria Jaime Torres Bodet, en Tochimilco, es más crítico. De ocho salones afectados, padres de familia contaron que demolieron dos y reconstruyeron dos, sin embargo, dejaron en abandono otros seis en donde aún son visibles los daños.
“Tiraron unos y construyeron dos aulas nuevas, pero lo demás ya lo dejaron, así como quedaron después del sismo. Ahora los usan de bodega, porque son un peligro para los estudiantes, pero ya no hubo obra”, cuenta una mamá.
El gobierno de Miguel Barbosa mantiene una investigación abierta por los presuntos casos de corrupción, aunque el CAPCEE reservó toda la información relativa al proceso con el argumento de que podría trastocar la indagatoria que se lleva a cabo.
Irregularidades detectadas.
En octubre de 2017 el director de desarrollo y Seguimiento Operacional y secretario ejecutivo del Comité de Obra Pública del CAPCEE, David Rodríguez Sánchez, envió el oficio interno CAPCEE.D.D.S.O/741-1APIN/17 al director jurídico de la misma dependencia, Antonio Velasco Arguello en el que solicita la contratación de obra para la reconstrucción de escuelas.
En ese oficio se da cuenta de empresas como Infraestructuras Globales 220 S.A. de C.V., Sayte Construcciones S.A. de C.V., Jawhar S.A. de C.V., Arkon Ingeniería y Proyectos S.A. de C.V., Urbanizadora ADRP S.A. de C.V. y Liceaga Arquitectura, Diseño y Construcción S.A. de C.V.
En este apartado destaca Jawhar S.A. de C.V. que el 27 de agosto de 2019 ingresó al registro definitivo de empresas con actividades inexistentes, a la que había otorgado contrato por 20 millones 831 mil 895 pesos para reconstruir escuelas.
De la revisión del acta constitutiva de esa empresa se observó que su principal accionista, José Desiderio de la Luz Aguilar también quedó registrado en el listado del Sistema de Administración Tributaria (SAT) como facturero, lo que se asentó en la edición del 18 de febrero de 2020 del Diario Oficial de la Federación.
Este personaje también creó la compañía Delalu S.A. de C.V., junto con la misma persona con la que registró a Jawhar S.A. de C.V., presuntamente una mujer a la que robaron su identidad, a quien se buscó, pero se mudó del domicilio reportado en el Registro de Comercio de Puebla.
Al igual que la persona física y moral, Delalu S.A. de C.V. está inscrita en el listado correspondiente a las empresas factureras -según términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
La firma Arkon Ingeniería y Proyectos S.A. de C.V. no está en la lista del SAT, sin embargo, al buscar su domicilio fiscal y los de sus accionistas, resultó que en esos puntos habitan familias ajenas a cualquier actividad empresarial o del sector de la construcción. Esta firma recibió 10 millones 131 mil 813 pesos para la reconstrucción de escuelas.
Urbanizadora ADRP S.A. de C.V. aún se encuentra activa, al menos eso informaron en su domicilio fiscal. Ahí una mujer confirmó que se trataba de una oficina de la empresa pero que no había quien atendiera los cuestionamientos.
Esta compañía, no obstante, aparece como una de las que más contratos obtuvo en la época del gobierno de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali, con 27 por un monto de 152.6 millones de pesos. Las obras que le correspondieron son las únicas que presuntamente se concluyeron en los periodos contratados.
“¿Cree que soy empresario?”
Un día de agosto Juan Serrano, dedicado a la hojalatería, sintió trastocada su tranquilidad. De condición humilde, residente de una colonia popular, de pronto supo que su identidad fue utilizada en la creación de una empresa que recibió un contrato para reconstruir escuelas dañadas por el sismo.
Según el acta de constitución de sociedad de julio de 2013, inscrita en el Registro Público de Comercio de Puebla, Juan registró la empresa Sayte Construcciones S.A. de C.V. con un capital de 2 millones de pesos, junto con su socia accionista Diana Lara Palacios.
Posteriormente, en asamblea de noviembre de 2018, se registró la compra-venta de acciones por la que Serrano dejaba de ser socio, al vender su parte en un millón de pesos, a favor de Antonio Salinas Maldonado, asentado en el folio mercantil 49993 del instrumento 20990 volumen 239.
Finalmente, ya sin la identidad de Juan Serrano, liquidaron la sociedad de Sayte Construcciones S.A. de C.V. en agosto de 2019, según el instrumento 7514 del Registro Público de Comercio.
Manifestó su sorpresa porque nunca ha trabajado para el gobierno, ni para un político; tampoco ha sido empresario y, por el contrario, su vida la identifica como de condición humilde.
“¿Usted cree que soy empresario? Si tuviera el dinero que dicen que tengo, si tuviera una empresa, ya no estaría aquí”, respondió, incrédulo.
