Luego del homicidio de dos maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán, Claudia Sheinbaum plantea debatir si menores deben ser juzgados como adultos y afirma que su gobierno impulsa un programa enfocado en la atención a la salud mental dentro de las escuelas
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró que es necesario “abrir y debatir” en el país la posibilidad de que menores de edad puedan ser juzgados como adultos en casos de alto impacto, como el ocurrido recientemente en el estado de Michoacán. Además anunciar la implementación de un programa nacional enfocado en la salud mental de estudiantes de secundaria y nivel medio superior, con el objetivo de fortalecer el bienestar emocional y prevenir conductas de riesgo en las comunidades escolares.
El posicionamiento surge tras el ataque armado registrado en una institución educativa del municipio de Lázaro Cárdenas, donde un estudiante de 15 años asesinó a dos profesoras al interior del plantel.
De acuerdo con reportes de la fiscalía estatal, el ataque fue directo y ocurrió durante el horario de ingreso a clases en la preparatoria Antón Makárenko, lo que ha generado conmoción y debate a nivel nacional sobre la violencia en entornos escolares.
Ante este contexto, la mandataria subrayó que, además de analizar posibles cambios en el marco legal, su administración ya implementa un programa enfocado en la atención a la salud mental dentro de las escuelas, como una medida preventiva para atender problemáticas emocionales entre estudiantes.
La mandataria explicó que esta estrategia buscará brindar acompañamiento psicológico, orientación y herramientas tanto a estudiantes como a docentes, con el fin de detectar a tiempo problemáticas como ansiedad, depresión o conductas agresivas.
Asimismo, destacó la importancia de generar entornos escolares seguros, donde el diálogo y la atención emocional sean parte fundamental del proceso educativo, no solo como respuesta a crisis, sino como una política permanente de bienestar.
El programa, que será implementado a nivel nacional, contempla la participación de especialistas en salud mental, así como la coordinación con instituciones educativas para garantizar su correcta aplicación en los distintos estados del país.
El caso ha reavivado la discusión sobre los límites del sistema de justicia para adolescentes, así como la necesidad de fortalecer políticas públicas que aborden de manera integral la violencia, desde la prevención hasta la sanción.
Mientras continúan las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque, el tema se perfila como uno de los principales puntos de debate en la agenda pública, en torno a la seguridad, la educación y la protección de la comunidad escolar.
