Se trata de señalamientos administrativos y solicitudes de información de la ASF; no hay daño patrimonial determinado, asegura la administración estatal
El Gobierno del Estado de Hidalgo informó que las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2024 corresponden en su totalidad a señalamientos de carácter administrativo o solicitudes de aclaración, sin que exista determinación firme de daño patrimonial ni acciones judiciales o de responsabilidad administrativa en curso.
De acuerdo con la postura oficial, como parte del proceso ordinario de fiscalización, la ASF otorga un plazo de 90 días para que las entidades presenten información adicional, documenten procesos y atiendan aspectos técnicos señalados. En ese periodo, el Ejecutivo estatal aseguró que dará respuesta puntual a cada requerimiento.
Casos específicos observados
En relación con la contratación de obra pública vinculada a una empresa cuyos socios tendrían parentesco con un legislador, se explicó que la observación se refiere a la necesidad de ampliar información sobre el proceso de adjudicación.
Se precisó que la posible relación familiar no configura por sí misma un conflicto de interés en términos legales; no obstante, la Secretaría de la Contraloría, encabezada por Álvaro Bardales, revisará y documentará el procedimiento para disipar cualquier duda.
Sobre los seguros catastróficos para el campo y el ganado, el Gobierno estatal afirmó contar con la documentación que acredita la contratación y los mecanismos de cobertura en beneficio de productores afectados, la cual será presentada nuevamente para su valoración en el proceso de aclaración.
Respecto al esquema de nómina observado, se indicó que se trata de un mecanismo de estímulo fiscal aplicable al sector público en materia de ISR, instrumentado mediante comprobantes fiscales y recuperaciones mensuales conforme a la normatividad vigente. En este sentido, se aportarán los elementos técnicos que acrediten su legalidad.
En cuanto a los pagos observados por aproximadamente tres millones de pesos en el ámbito universitario, se detalló que corresponden a indemnizaciones y prestaciones derivadas de procesos de jubilación y terminación laboral, lo cual será plenamente acreditado ante la autoridad fiscalizadora.
Finalmente, sobre el municipio de Lolotla, la observación deriva de la revisión del destino de recursos del FAISMUN, por lo que se dará seguimiento conforme a las atribuciones correspondientes para aclarar los hechos y, en su caso, realizar las acciones pertinentes.
El Gobierno del Estado reiteró su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la colaboración plena con las instancias fiscalizadoras, al señalar que la fiscalización funciona cuando se revisa y se aclara, y que todas las observaciones serán atendidas con responsabilidad, certeza técnica y apertura a la ciudadanía.
