DURANTE DÉCADAS, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se mantuvo una instancia respetable y respetada. Sus fallos eran aceptados por todos, porque era sabido que sus juicios y veredictos se apegaban al derecho y la justicia, sin suposiciones ni sospechas de inclinaciones malsanas.
Hoy es otro cantar y todo indica que la razón y el equilibrio justiciero perdieron la brújula, como los mexicanos perdimos la posibilidad de apelar, defendernos o ampararnos. Los ministros de la actual Corte siguen las ordenanzas de un poder supremo encubierto que decide a quién aplicar la ley y a quién otorgar justicia y gracia.
En estos momentos, cualquier ciudadano está en desventaja si entabla un litigio contra alguna autoridad de la 4T, ya sea el Ejecutivo, el Servicio de Administración Tributaria o cualquier otra institución en el poder.
También está la exoneración de la Corte en el caso de Pío López Obrador y sus colectas electorales en favor de su hermano.
Si se busca otro caso de abuso de autoridad o persecución política, se puede revisar la revocación de permisos de 270 ONGs que ya no pueden recibir donativos, sin que exista un posicionamiento sobre la asociación civil vinculada a Andrés Manuel López Obrador para recibir donativos en favor del gobierno cubano.
Otro caso reciente, que pasó desapercibido pero no es menor, es el fallo de la Suprema Corte que decidió a favor del cobro adicional del 10% a los dividendos del ISR.
Así de simple, la SCJN determinó que ningún empresario o accionista tiene derecho a alegar, ampararse o litigar contra el gobierno y el SAT ante este impuesto, que representa una de las mayores retenciones a los intereses bancarios.
En su desechamiento al amparo interpuesto, los ministros establecieron que estas medidas no son confiscatorias, refuerzan la política fiscal y “no vulneran derechos fundamentales como el mínimo vital ni la dignidad humana de los contribuyentes personas físicas”.
Para los jueces, son infundados los argumentos sobre doble tributación y violaciones a la proporcionalidad tributaria.
La indefensión y las consignas están en su pleno apogeo.
Grupo Duxon y el potencial portuario
HACE UNOS DÍAS, Omar Anitua Valdovinos, presidente del Consejo de Administración de Grupo Duxon, compartió reflexiones sobre el potencial marítimo de México.
Grupo Duxon es responsable de la construcción de la Torre de Control del Puerto de Ensenada, y su directivo destacó que el país, por su ubicación geográfica, conecta dos océanos y tiene acceso directo al mercado norteamericano.
De acuerdo con el empresario, la modernización del sistema portuario nacional se ha convertido en uno de los pilares más relevantes para el desarrollo económico del país.
Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Agencia Nacional de Aduanas de México indican que, en 2024, las aduanas marítimas aportaron 600,780 millones de pesos, lo que representó el 49.7% de la recaudación por comercio exterior.
Con el inicio de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, Anitua Valdovinos considera que invertir en infraestructura portuaria fortalece el comercio exterior, genera empleo, impulsa el desarrollo industrial y promueve el crecimiento regional.
No obstante, subrayó que el impacto real dependerá de la coordinación entre el sector público y la iniciativa privada.
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