Las acusaciones lanzadas en contra del Fiscal Uriel Carmona Gándara por el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda no son las primeras en las que se se señala a la Fiscalía General de Morelos de ser omisa y mantener en la impunidad los delitos.
Uno de los casos más emblemáticos es el del asesinato del activista Samir Flores, opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), del cual forma parte la central termoeléctrica de Huexca.
Samir fue asesinado a balazos en la puerta de su casa la mañana del 20 de febrero de 2019.
Más de tres años después, el caso continúa impune. Incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación en la que acusa a la Fiscalía de Uriel Carmona de ser negligente y violar el derecho humano al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia en la integración de la carpeta de investigación.
Entre las omisiones, la CNDH destaca que la Fiscalía no llamó a declarar a todos los presuntos involucrados en el caso y de utilizar de forma superficial las declaraciones de testigos para atribuir el crimen a un hombre que ya estaba preso.
Otro caso fue el de la muerte de una menor de edad en un motel de Cuernavaca, ocurrida el 10 de enero de este año.
La investigación de la Fiscalía General arrojó que la supuesta causa de la muerte fue un infarto agudo al miocardio y que la necropsia dio como resultado la detección de una gastritis crónica con úlcera sangrante que causó alteraciones al ritmo cardiaco de la adolescente, por lo que determinó que la muerte no tuvo un origen traumático, es decir, que no fue producida por un agente externo.
Ante esa determinación, el adolescente de 17 años que se encontraba con la menor en el motel y que había sido detenido, fue dejado en libertad, a pesar de que la familia de la víctima aseguró que no padecía ninguna enfermedad.
Dos de las casos de mayor relevancia son las inhumaciones irregulares e ilegales que la Fiscalía General del Estado de Morelos realizó durante el sexenio de Graco Ramírez en fosas “comunes” ubicadas en los municipios de Cuautla y Jojutla.
En ambos casos, activistas lograron que las fosas fueran abiertas para llevar a cabo la exhumación de los cadáveres enterrados por la Fiscalía.
Al extraer los cuerpos se confirmó que decenas de ellos habían sido arrojados a las fosas sin los protocolos forenses establecidos en la Ley.
Algunos de los cuerpos fueron enterrados sin que se les haya practicado necropsia; otros se encontraban con la ropa puesta, atados de manos, con los ojos vendados o incluso embalados en grupo.
La mayoría de los cuerpos no contaban con elementos que permitieran su vinculación con alguna carpeta de investigación.
Actualmente activistas acusan que la Fiscalía encabezada por Uriel Carmona ha impedido que avancen los procesos judiciales en contra de los funcionarios que participaron en esas exhumaciones irregulares e ilegales.
Y es que Uriel Carmona fue designado como Fiscal General del Estado el 15 de febrero de 2018, a propuesta del entonces Gobernador Graco Ramírez.
Las modificaciones que el Congreso local realizó en ese entonces permitieron que el nombramiento de Carmona Gándara concluya hasta el 14 de febrero de 2027, es decir, tres años después de que acabe el Sexenio de Cuauhtémoc Blanco.
Activistas, dirigentes sociales y autoridades de Morelos acusan que con el nombramiento de Carmona, el ex Gobernador Graco Ramírez logró impedir que las denuncias interpuestas en su contra avanzaran y que los presuntos delitos que cometieron sus colaboradores no puedan ser sancionados.
