El padre de la víctima discriminada por personal del Instituto del Deporte en 2018 acusó además que el expediente que ingresó ante el Órgano Interno de Control (OIC) en 2019 ya fue archivado
En una conferencia de prensa en Plaza Juárez de Palacio de Gobierno, el médico Neftalí Reyes Bolaños, padre de un menor con síndrome de Down solicitó este día al Congreso del estado incluir violaciones a derechos humanos como criterio para inhabilitar a aspirantes a ocupar cargos públicos.
Molesto porque fue archivado el expediente que ingresó ante el Órgano Interno de Control (OIC) en 2019 donde narran la discriminación que sufrió el niño por parte de personal del Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide), el médico explicó que a seis años de los hechos no hay una respuesta satisfactoria para su familia, ello, a pesar de que el caso se litigó en los tribunales y se cumplió cada una de las recomendaciones que se dictaron.
Así lo aseguró por su parte la ex titular de Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide), Fátima Baños quien el viernes anunció su separación temporal de la dirección del Instituto de Profesionalización del Poder Judicial, a fin de presentar las pruebas correspondientes del cumplimiento cabal de la recomendación emitida en su contra y detener con ello la serie de ataques hacia su persona.
Explicó que luego del proceso penal, cumplió con la reparación integral del daño a través de -Medidas de no repetición, rehabilitación y compensación-, por lo que dijo que no ve porque la familia del niño se opone a que ocupe algún cargo público si de entrada no hay impedimento legal para ello.
Y es que el caso cobra relevancia tras un posteo de la alcaldesa de Apan, Zorayda Robles, madre de la víctima quien reaccionó al anuncio de Fátima Baños sobre su licencia temporal del nuevo encargo.
“Nunca más un cargo público a quien cometa discriminación agravada vs un menor con discapacidad”, posteó a través de sus redes sociales.
Este lunes el tema escaló ya que el padre del niño con síndrome de down ha solicitado a la actual legislatura hacer ajustes a la ley para impedir que personas que hayan incurrido en violaciones a derechos humanos sean inhabilitados para ocupar cargos públicos.
