Esta iniciativa atiende a los daños causados por aspectos políticos que dan paso al privilegio de unos cuantos para hacer posible la protección de corruptelas
Pachuca, Hidalgo, 4 de mayo de 2022.- Diputados locales buscan que mediante una ley se finque responsabilidad política a servidores públicos, ante acciones u omisiones indebidas en que las mismas incurran en el tiempo de su encargo y, cuando estas redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales.
Al respecto, el diputado Roberto Rico Ruiz enfatizó que actualmente lo que aqueja a la ciudadanía, es la vulnerabilidad social ante la impunidad y la protección a personas servidoras públicas que afectan las administraciones públicas, lo que conlleva a constituir un factor determinante para la inclusión de leyes y mecanismos que otorguen seguridad jurídica a las y los gobernados.
Explicó que esta iniciativa atiende a los daños causados por aspectos políticos que dan paso al privilegio de unos cuantos para hacer posible la protección de corruptelas.
Destacó que la ciudadanía exige sea implementada una ley para tratar el juicio político como un mecanismo para fincar responsabilidad política y sancionar con destitución y/o inhabilitación a personas servidoras públicas, en el ámbito de sus atribuciones, que han incurrido en arbitrariedad o abuso o exceso de poder.
El legislador indicó que es indispensable establecer bases para que la arbitrariedad, incongruencia, confusión, inmunidad, inequidad e ineficacia no prevalezcan, “no corrompan los valores superiores que debe tutelar el servicio público”.
En su momento, la diputada Citlalli Jaramillo Ramírez explicó que hechos reprobables requieren de mecanismos de exigencia de la responsabilidad de la que dependen, y bajo esa magnitud o intensidad debe imponerse una sanción e, incluso, la decisión de poner en marcha los mecanismos como lo es el juicio político.
Mencionó que el ejercicio de la función pública guarda un contexto ético-administrativo en el que se encontrarán sujetas al cumplimiento de la conciencia pública, mediante juicio político, en virtud de haber generado perjuicio a los intereses públicos fundamentales de la nación y de una adecuada administración gubernamental.
