Por mayoría de votos la Corte anula la segunda parte del plan B de reforma electoral de AMLO
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inválida la segunda parte del llamado “plan B” de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Señalan “violaciones graves” al procedimiento legislativo.
Por mayoría de 9 votos la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó en su totalidad, el decreto de reformas a las leyes de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de Medios de Impugnación en Materia Electoral que integran la segunda parte del plan B.
Esta contiene cambios a la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral (INE), reduce los salarios de los consejeros, elimina fideicomisos y pone nuevas reglas para los partidos políticos.
El proyecto avalado fue presentado por el ministro Javier Laynez Potisek, quien señaló que una de las violaciones que se presentaron en la aprobación de estas reformas fue que los diputados no tuvieron un “plazo razonable” para discutir estos cambios a leyes secundarias.
El ministro destacó que este “plan B” tiene potencial invalidante, ya que se vulnera el principio de deliberación democrática; porque no se garantiza el derecho de participación de todos los grupos parlamentarios en condiciones de libertad.
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Explicó Laynez Potisek que los legisladores no tuvieron la posibilidad de conocer las iniciativas que Morena decidió que se discutirían y que se aprobarían en el momento en que se presentaban las reformas.
El ministro Luis González Alcántara Carrancá, a su vez respaldó el proyecto para invalidar las reformas electorales, pues recordó que este decreto comparte el mismo proceso legislativo que la primera parte del “plan B”, el cual también fue invalidado, y agregó que este decreto también violó el sistema bicameral de aprobación de leyes.
Como era de esperarse, las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel votaron en contra del proyecto.
Coincidieron que las irregularidades registradas no tienen “potencial de invalidante” y argumentaron que los legisladores sí conocieron el contenido de la incitativa, además, considerar que las irregularidades podían subsanarse en etapas posteriores.
Yasmín Esquivel también mencionó que el procedimiento legislativo de este estas reformas inició con un acuerdo en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, donde, mencionó, los legisladores aceptaron procesar el mismo día estos cambios a leyes.
Dijo que el proyecto del ministro Laynez Potisek para invalidar el decreto ignora la división de poderes y comentó que los concesos políticos de los órganos legislativos “no nos corresponde juzgarlos”.
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