En el Senado de la República buscan promover, proteger, respetar y garantizar los derechos ambientales de verdad, la reparación integral del daño y de no repetición de las víctimas
Ciudad de México. – El senador Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, propuso una iniciativa con el objetivo de impulsar la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, en aras de otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho y que contribuya a combatir el daño ambiental.
Se menciona que dicho órgano tendrá como fines la investigación de los ilícitos relacionados y el esclarecimiento de los hechos; la prevención del delito; procurar que no exista impunidad; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos ambientales de verdad, la reparación integral del daño y de no repetición de las víctimas.
Dicta la propuesta que el fiscal ambiental deberá ejercer sus funciones con independencia y autonomía, libre de cualquier tipo de coacción o interferencia.
En el ejercicio de sus funciones, señala, deberá conducirse con criterio de objetividad al dirigir la investigación de los hechos y circunstancias que prueben, eximan o atenúen la responsabilidad de las personas imputadas, detalla.
Establece que la Fiscalía propuesta deberá contar con el personal policial, técnico, pericial, y en general, el relativo a la operación sustantiva, asignados de forma directa para el cumplimiento de los fines de la función fiscal y del Plan de Persecución Penal, de conformidad con el Servicio Profesional de Carrera.
Se indica que será la Fiscalía General de la República la que designará al titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales con base a sus méritos y capacidades para ejercer el cargo y con un perfil previamente establecido.
Será el Senado, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, quien podrá objetar dicha designación o remoción en un plazo máximo de veinte días hábiles.
Por ello, explica el senador, dicha institución deberá estar dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, de gestión y presupuestal, y estar a cargo de un Fiscal, quien establecerá una política criminal y un plan de trabajo acorde a las necesidades del país.
Asimismo, agrega, deberá contar con un modelo de investigación orientado a la realidad y será el encargado de su conducción y desempeño, de conformidad con la normatividad aplicable y será superior jerárquico de todo el personal integrante de la misma.
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el quinto párrafo del Apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue turnada directamente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.
