Contratos directos, empresas vinculadas y funcionarios implicados agravan deficiencias médicas en varias entidades del sector salud en México; a cuenta de la calidad de atención de usuarios y derechohabientes
Denuncian irregularidades en la asignación de contratos públicos, particularmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otras instituciones como la SEDENA e instancias estatales, debido a posibles conflictos de interés, favoritismo y sobreprecios millonarios.
En el caso del IMSS, fuentes internas revelaron que una circular institucional habría instruido la adjudicación directa de contratos a empresas como CBH Especialistas en Innovación Médica, presuntamente ligada a Vitalmex. Ambas estarían relacionadas con un mismo grupo empresarial encabezado por Adrián Cervantes y Samantha Bárcenas.
Los señalamientos apuntan a una estructura de apoyo desde altos niveles del IMSS, involucrando al director de Administración, Borsalino González; al responsable de Adquisiciones, Fernando Lorenzana; y a Susana Negrón, figura clave en la definición de condiciones contractuales.
Estas prácticas, lejos de ser aisladas, se habrían repetido en Puebla, Aguascalientes, Guanajuato, Zacatecas, Ciudad de México (norte y sur), Veracruz, Sonora, UMAE Sonora y Baja California, afectando gravemente el abasto de medicamentos y servicios clínicos, con consecuencias directas para millones de derechohabientes.
Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) fue señalada por la adjudicación de la licitación LA-07-110-007000999-N-416-2025, correspondiente a la compra de reactivos de laboratorio, a la empresa Ve Más SAPI.
Esta, en consorcio con Instrumentos y Equipos Falcón y Laboratorio Tadeo, ganó el contrato a pesar de que su propuesta superaba por más de 70 millones de pesos a la oferta más baja.
Una situación similar ocurrió en el ISSEMYM, en la licitación LPN/ISSEMYM/024/2025, donde este mismo grupo, junto a Arquina S.A. de C.V., logró un contrato con un sobreprecio de 73 millones de pesos, también sobrepasando ampliamente a la mejor oferta económica.
Especialistas advierten que estas adjudicaciones forman parte de un patrón recurrente donde empresas relacionadas con Falcón son favorecidas, a pesar de tener antecedentes que podrían justificar su inhabilitación por prácticas monopólicas absolutas.
La reiteración de estas asignaciones directas, presuntos conflictos de interés y precios inflados, siembra dudas sobre la transparencia y el manejo de recursos públicos en el sector salud, justo en un contexto donde millones de mexicanos siguen enfrentando carencias básicas en atención médica.
