Marco Antonio Gama Basarte planteó que el propósito de este proyecto es fortalecer la obligatoriedad constitucional de participar ejerciendo el voto en todas las elecciones que se realicen en nuestro país, una medida que abatiría el abstencionismo y movilización ilegal del voto
El senador Marco Antonio Gama Basarte presentó una propuesta en la Comisión Permanente para modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), con el objetivo de establecer la obligatoriedad del voto.
El representante del partido Movimiento Ciudadano (MC) planteó que, al solicitar la reposición de la credencial para votar debido a extravío, robo o daño grave, la oficina del Registro Federal de Electores debería verificar que el ciudadano haya participado en la elección más reciente. En caso contrario, se le requeriría pagar el costo de la nueva credencial.
¿Quiénes estarían exentos de la sanción por no votar?
El senador señaló que se debe exceptuar de este pago a los ciudadanos mayores de 70 años; jueces y sus auxiliares que por ministerio de ley deban asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas durante los comicios; enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, suficientemente comprobada, que les impida asistir a la elección; y al personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones de su trabajo no puedan asistir a votar.
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La iniciativa también plantea entre otros, establecer una firma de compromiso de sufragar en todas las elecciones al solicitar la incorporación al padrón electoral, así como considerar infracción no votar sin causa justificada.
Objetivo de esta reforma
Gama Basarte planteó que el propósito de este proyecto es fortalecer la obligatoriedad constitucional de participar ejerciendo el voto en todas las elecciones que se realicen en nuestro país.
Se afirma convencido de que el aumento de la participación ciudadana legitimará con mayor fuerza el triunfo de quien gane en el proceso electoral.
Argumentó que su propuesta busca erradicar el abstencionismo «que tanto daño hace a la democracia», además de que se quitarían los incentivos a la movilización de electores mediante la compra de votos, «pues los votantes ya tendrían la obligación de acudir a emitir su sufragio».
La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.
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