La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la decisión forma parte del análisis del Plan B electoral y dependerá también de la opinión del INE, el posible aplazamiento
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su gobierno analiza la posibilidad de posponer hasta 2028 la segunda etapa de la elección judicial, como parte de la revisión del denominado Plan B de la reforma electoral.
Durante su conferencia, desde Colima, la mandataria explicó que la decisión aún se encuentra en evaluación, ya que existen ventajas y desventajas respecto a la fecha en que se realizaría este proceso para elegir a integrantes del Poder Judicial.
“Estamos analizando, tiene sus pros y contras. Los beneficios de que la segunda parte de la elección de jueces se realice en 2027 es que se utilizan los mismos recursos… pero a lo mejor no es tanto el ahorro por las dobles casillas”, explicó.
Sheinbaum indicó que otra alternativa sería trasladar la jornada electoral al 2028, lo que permitiría simplificar la organización del proceso, especialmente en lo referente a la impresión de boletas y logística electoral.
“El beneficio de pasarla al 28 es que no serían tantas boletas, sino también sería la boleta del Poder Judicial”, agregó.
La presidenta señaló que en los próximos días su administración recibirá la opinión técnica del Instituto Nacional Electoral (INE) para valorar el impacto operativo y financiero de cualquiera de las dos opciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno analiza aplazar la elección judicial dentro del Plan B de la reforma electoral.
Explicó que moverla a 2027 o 2028 tiene pros y contras.
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— Noticias Énfasis (@enfasisnoticias) March 13, 2026
Asimismo, la mandataria mencionó que la figura de la revocación de mandato también se encuentra bajo análisis, dentro del conjunto de ajustes que se revisan en la propuesta de reforma electoral que será enviada al Congreso.
El eventual cambio en el calendario de la elección judicial formaría parte de las medidas contempladas en el Plan B electoral, con el objetivo de ajustar la organización de los procesos democráticos y optimizar recursos públicos.
