Nueva orden ejecutiva obliga a bancos a revisar con mayor rigor el estatus migratorio de sus clientes y vigilar transferencias al extranjero
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que endurece los controles financieros sobre migrantes indocumentados, medida que impactará directamente el envío de remesas hacia México y otros países de América Latina.
El decreto instruye al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y a los reguladores financieros a emitir nuevas directrices para que los bancos investiguen con mayor detalle el estatus migratorio e identidad de sus clientes.
La disposición forma parte de una estrategia orientada a limitar el acceso de personas sin documentos al sistema bancario formal estadounidense y reforzar los mecanismos de vigilancia financiera.
Entre los principales cambios destaca la modificación de las pautas relacionadas con la Ley de Secreto Bancario, especialmente en los Programas de Identificación de Clientes (CIP), los cuales deberán endurecer sus procesos de validación.
Uno de los focos principales del decreto será el uso de identificaciones consulares extranjeras, como la matrícula consular mexicana, documentos que las autoridades estadounidenses consideran de “alto riesgo” dentro del sistema financiero.
Además, el secretario del Tesoro emitirá recomendaciones formales para que las instituciones bancarias detecten patrones sospechosos relacionados con transferencias y movimientos financieros de personas sin estatus legal.
Especialistas advierten que la medida podría afectar de manera importante a millones de migrantes mexicanos que utilizan cuentas bancarias o servicios financieros para enviar dinero a sus familias en México.
El endurecimiento regulatorio también se suma al impuesto del 1 por ciento aplicado previamente a remesas físicas enviadas fuera de cuentas bancarias, incrementando la presión financiera sobre las comunidades migrantes.
De acuerdo con reportes financieros, la administración Trump inicialmente pretendía imponer requisitos obligatorios de comprobación de ciudadanía para todos los usuarios bancarios; sin embargo, la oposición de la industria financiera estadounidense frenó la implementación total de esa propuesta.
Los bancos argumentaron que una medida de ese tipo implicaría costos operativos millonarios y el riesgo de que millones de clientes abandonaran el sistema financiero formal.
Ante ello, la Casa Blanca optó por establecer nuevas guías regulatorias de cumplimiento obligatorio para las instituciones financieras, dejando en manos de los bancos el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia y monitoreo de clientes.
