La frase pronunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Tianguistengo, Hidalgo, trasciende el contexto en el que fue expresada. Más que un llamado coyuntural, representa una reflexión sobre la responsabilidad ciudadana al momento de elegir a quienes tendrán en sus manos el destino de los municipios y del estado
La realidad cotidiana demuestra que un gobierno se evalúa mucho más por la calidad de los servicios públicos que por el discurso. Ahí es donde la administración pública enfrenta su mayor examen.
Pachuca ofrece un ejemplo claro. La capital acumula problemas que, lejos de resolverse, parecen agravarse con el paso de los meses: inundaciones recurrentes, vialidades deterioradas, obras cuya ejecución se prolonga más de lo previsto, una movilidad cada vez más complicada y un sistema de recolección de residuos que continúa sin alcanzar la eficiencia que demanda una ciudad de más de 300 mil habitantes.
El episodio ocurrido sobre el Río de las Avenidas ilustra con claridad las consecuencias de descuidar el mantenimiento urbano. La ausencia de una rejilla provocó que al menos una decena de vehículos resultaran dañados, generando pérdidas económicas para sus propietarios y poniendo en riesgo la seguridad de quienes transitaban por esa vialidad.
No se trata únicamente de neumáticos averiados. Los daños alcanzaron rines, suspensiones y otros componentes mecánicos cuyo reemplazo representa gastos considerables. Incluso quienes cuentan con un seguro deben absorber el costo del deducible, una carga económica derivada de una falla que pudo prevenirse mediante un mantenimiento oportuno.
La problemática no se limita a la capital. En Mineral de la Reforma, colonias como Tulipanes, Valle del Sol, San Carlos y San Fernando enfrentan diariamente el deterioro de sus vialidades. A ello se suma el estado de diversas carreteras estatales y federales, donde los baches se han convertido en un riesgo permanente para miles de automovilistas.
Cuando una deficiencia en la infraestructura ocasiona daños materiales o pone en peligro la integridad de las personas, la discusión deja de ser administrativa para convertirse en un asunto de responsabilidad pública. La conservación de calles y carreteras no constituye un acto de buena voluntad de las autoridades; es una obligación inherente al ejercicio de gobierno.
Mientras tanto, la ciudadanía comienza a enviar un mensaje preocupante. En distintos municipios ya existen vecinos que, cansados de esperar una respuesta oficial, salen con palas, grava y asfalto para reparar los baches de sus propias calles. El gesto refleja solidaridad comunitaria, aunque también evidencia la ausencia de la autoridad en una de sus funciones más elementales.
Gobernar implica mucho más que asistir a eventos públicos, inaugurar obras o aparecer en las fotografías oficiales. Significa atender con oportunidad los problemas que afectan diariamente a la población y administrar con eficiencia los recursos públicos para ofrecer resultados tangibles.
Por ello, la frase de la presidenta cobra especial relevancia conforme se acerca el proceso electoral de 2027. Ese año los hidalguenses elegirán a las personas que encabezarán los 84 ayuntamientos de la entidad, además de renovar el Congreso local.
Conviene recordar que el voto no solo define quién gana una elección. También determina la calidad de los gobiernos que habrán de responder, durante los siguientes años, a las necesidades más elementales de la ciudadanía.
