La auditoría estatal (ASEH) determinó que las observaciones corresponden a cuatro contratos suscritos durante la gestión de Jessica Blancas Hidalgo al frente de Finanzas en la administración de Omar Fayad
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) concluyó una investigación relacionada con presuntas irregularidades por 59.2 millones de pesos detectadas en cuatro contratos correspondientes a la gestión de Jessica Blancas durante la administración anterior, encabezada por Omar Fayad Meneses.
El titular de la ASEH, Jorge Valverde Islas, informó que el exgobernador quedó fuera de cualquier procedimiento derivado de este expediente, debido a que no firmó ninguno de los contratos que fueron objeto de las observaciones.
De acuerdo con la revisión, las responsabilidades estarían relacionadas directamente con la entonces secretaria de Finanzas Públicas, Jessica Blancas Hidalgo, y otros integrantes de su equipo administrativo.
Deberán determinar reintegro de recursos
Uno de los puntos pendientes del procedimiento es establecer si los recursos observados serán reintegrados a las arcas estatales. La ASEH mantiene esta posibilidad como una vía para resarcir el daño económico identificado.
En caso de que los recursos no sean devueltos, el organismo auditor adelantó que procederá ante las instancias correspondientes para exigir el resarcimiento y determinar las responsabilidades administrativas y penales que pudieran derivarse.
Entre las acciones previstas se encuentra la presentación del caso ante el Tribunal de Justicia Administrativa, así como la apertura de un procedimiento penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) contra Jessica Blancas y quienes resulten responsables.
Se suma a otros señalamientos contra la exfuncionaria
El expediente de los 59.2 millones de pesos se agrega a otros casos relacionados con la gestión de Jessica Blancas al frente de las finanzas estatales.
Entre ellos se encuentra el caso de los recursos públicos depositados en el desaparecido Banco Accendo, por un monto superior a 800 millones de pesos, cuya recuperación también ha generado procedimientos y señalamientos contra exfuncionarios.
