Claudia Sheinbaum señaló que autoridades estadounidenses solicitaron su detención en territorio mexicano, pero el juzgador salió del país y fue arrestado posteriormente en Bogotá
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que el Gobierno de México sí tenía conocimiento de la solicitud de detención del juez federal Luis Benítez Alcántara por parte de autoridades estadounidenses antes de que fuera arrestado en Colombia.
Durante su conferencia matutina del 11 de noviembre, explicó que Estados Unidos había solicitado que el juzgador fuera detenido en territorio mexicano, pero este salió del país y su captura se concretó posteriormente en Bogotá.
Benítez Alcántara fue detenido el 1 de noviembre en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Colombia, mediante un operativo de cooperación entre autoridades colombianas y estadounidenses. Su arresto derivó de una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo señala por presuntamente utilizar su cargo para favorecer a integrantes de una organización criminal transnacional.
De acuerdo con la acusación estadounidense, el juez habría recibido un soborno de dos millones de dólares a cambio de conceder la libertad bajo fianza y ordenar la excarcelación de Andrew Clark, ciudadano canadiense identificado por las autoridades como segundo al mando de la organización encabezada por Ryan James Wedding. La resolución judicial fue emitida el 24 de febrero de 2025; Clark fue detenido nuevamente días después y trasladado a Estados Unidos.
Por estos hechos, Benítez Alcántara enfrenta nueve cargos federales en Estados Unidos. Las autoridades de ese país buscan que sea extraditado desde Colombia para responder ante sus tribunales. Las acusaciones todavía deberán ser acreditadas durante el proceso judicial correspondiente.
En México, el Tribunal de Disciplina Judicial abrió una investigación de oficio contra el juzgador tras conocerse los señalamientos. El organismo también informó que Benítez Alcántara ya tenía cuatro investigaciones administrativas previas por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, aunque precisó que estas corresponden a hechos distintos al caso de presunto soborno. Con la nueva indagatoria, se abrió un quinto expediente.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de sus cuentas bancarias como parte de las acciones relacionadas con el caso. Mientras tanto, el juez permanece bajo custodia en Colombia, donde continúa el procedimiento relacionado con la solicitud estadounidense de extradición.
La defensa del juez, encabezada por el abogado Miguel González Sánchez, ha rechazado que su cliente deba ser juzgado en Estados Unidos y sostiene que cualquier posible responsabilidad derivada de sus decisiones judiciales debe determinarse en México.
