Durante años los habitantes de las zonas cercanas a la cementera se han quejado de la contaminación que produce la fábrica
Pachuca.- La diputada de Morena, Noemí Zitle Rivas planteó un exhorto al titular de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot) para que aplique las sanciones correspondientes a la empresa trituradora y procesadora de materiales Santa Anita S.A. de C.V., por incumplir las medidas compensatorias y de mitigación en las comunidades donde se encuentra.
La legisladora morenista indicó que durante años los habitantes de la comunidad de “El Refugio” y las localidades cercanas a la empresa cementera asentada en Atotonilco de Tula, se han quejado por los diferentes problemas que han presentado tanto en sus viviendas como en los espacios públicos.
Detalló que los afectados explicaron que por los procedimientos implementados para la extracción de la materia prima para su producción se dañaba la infraestructura de viviendas, posteriormente se presentaron problemas de carácter medio ambiental y de infraestructura pública.
Añadió que los pobladores de esta región y en específico los habitantes de la comunidad de “El Refugio” durante más de 10 años se han acercado con diferentes autoridades municipales y estatales e inclusive con representantes de la misma fábrica para solicitar una solución a estos problemas.
En este sentido, informó que en marzo del año pasado, la Sopot a través de la Dirección General de Ordenamiento Territorial emitió un dictamen del Estudio de Impacto Urbano y Vial, respecto a la Regularización de la Planta, Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita, en donde por fin los habitantes de esta zona podían visualizar una solución factible a los diferentes problemas ocasionados por la operación hasta cierto punto irresponsable de la mencionada fábrica.
Dijo que en dicho dictamen se obliga a la empresa a realizar 19 acciones compensatorias y mitigatorias en la comunidad de “El Refugio” para resarcir las principales consecuencias negativas por su descuidada operación. En cuanto a las necesidades hidráulicas, se le solicitó atender a las condicionantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para la explotación de aguas profundas y el desecho de las aguas residuales.
Asimismo, añadió, se le solicitó mantener la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales conforme a la Norma Oficial Mexicana y generar un proyecto para el sistema colector de aguas pluviales.
De igual forma, dijo que el dictamen fue claro al requerir el mejoramiento de la imagen de la comunidad con diferentes elementos que permitieran la integración al contexto urbano, al igual que la colocación de árboles en la zona perimetral de la empresa y el tratamiento adecuado de los residuos sólidos para contribuir con el medio ambiente de la región.
Sin embargo, comentó que hasta el momento la cementera no ha cumplido con dichos dictamines, “estas comunidades continúan con carreteras en pésimas condiciones, llenas de hoyos que dificultan y entorpecen el tránsito, producto de los camiones de carga que entran y salen de la cementera. De igual forma continúan con la falta de alumbrado público que incrementa la inseguridad para las personas que transitan por la noche sobre estos caminos”.
Añadió que esta empresa ha faltado y no ha dado cumplimiento con sus responsabilidades, por lo que el artículo 193 de la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial establece las sanciones aplicables por las infracciones a que se refiere el Artículo 193, como la suspensión, clausura temporal o definitiva, o demolición o modificación de construcciones e instalaciones, o desocupación o desalojo de inmuebles, retiro de instalaciones, prohibición de actos de utilización o la realización de trabajos de emergencia para evitar daños, multa de 500 a 2000 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
Noemí Zitle solicitó a la Sopot realizar un seguimiento puntual del cumplimiento de las obligaciones compensatorias y mitigatorias de la referida fábrica, así como requerir el cumplimiento de estas acciones en beneficio de la ciudadanía y, si es necesario, aplicar las sanciones correspondientes.
