Un nuevo capítulo vive un grupo de 400 trabajadores de la Secretaría de Salud quienes denunciaron que deben pagar 80 mil pesos mensuales para tener seguimiento del caso del mega fraude cometido en su contra por varias financieras con apoyo de funcionarios de alto nivel de la pasada administración.
Bajo la advertencia de que serán sacados de las carpetas de investigación si no pagan su cuota mensual de 200 pesos, 400 trabajadores de la Secretaría de Salud de Hidalgo, denunciaron que a pesar de ser victimas de un mega fraude, se encuentran ahora presionados por sus supuestos “defensores”.
Los señalamientos van directos en contra de Lidia Herrera Ángeles, afiliada a la Sección 53, Gabriela Carrasco Hernández y Julio Jiménez Sánchez, afiliados a la Sección 20, quienes fueron denunciados ante el hartazgo de sus compañeros por supuestas “anomalías” en el caso.
Los afectados señalaron que están cansados de las represalias en su contra ya que constantemente son amenazados con sacarlos de los 4 grupos de información que se tienen para dar seguimiento puntual del caso, así como sacarlos de las carpetas de investigación como afectados en todo este entramado de corrupción.
Recordaron que son 400 afectados por los fraudes cometidos en el sexenio pasado donde varias financieras soltaron créditos personales que van de los 100 a los 350 mil pesos por lo que levantaron la denuncia.
Así que el monto de las cuotas que están obligados a pagar mensualmente lo depositan a la cuenta personal de la trabajadora administrativa del hospital Villa Ocaranza, Lidia Herrera.
De acuerdo con los trabajadores, Lidia Herrera Ángeles, les dijo que sus cuotas son para gasolinas, papelería, traslados, comidas, y otros gastos incluidos los pagos para los abogados, sin embargo, saben que sus defensores son -abogados de oficio-, es decir gratuitos.
“Estamos molestos porque a pesar de ser inocentes y sufrir los descuentos de esos préstamos que jamás recibimos, vemos como se van 80 mil pesos mensuales a las bolsas de funcionarios que supuestamente nos defienden”, acusaron.
Aunque es por todos conocido quienes son los que lideran este movimiento, prefirieron ocultar su identidad al señalar que Lidia Herrera Ángeles, los mantiene bajo constantes amenazas, sobre todo si no se ponen el corriente con sus pagos.
Recordaron que el extinto médico Alejandro islas, quien fungiera como director del hospital Villa Ocaranza, tomó medidas en contra Lidia Herrera quien se desempeñó como administradora del Hospital Villa Ocaranza, Lidia Herrera, al quedar al descubierto una serie de irregularidades que repercutieron en detrimento de la salud y la estancia de 83 pacientes.
Otros abusos documentados fueron el robo de medicamentos psicotrópicos controlados, material de curación y de limpieza e insumos médicos, así como reactivos, alimentos y diésel para activar las calderas; sábanas de las camas, fundas para las almohadas y todo lo que tuviera un valor dentro del nosocomio.
También dijeron en la región Otomí Tepehua, se le investigó a Lidia Herrera por el hurto de una camioneta asignada a su cargo y la cual nunca fue devuelta al sector salud.
La trabajadora también fue severamente reprendida por difundir información confidencial del expediente de Alejandra “N”, quien fuera paciente del Hospital Villa Ocaranza ya que en ese entonces ella, realizaba funciones en archivo clínico.
Por todo ello, los afectados, temen que Lidia Herrera Ángeles, Julio Jiménez Sánchez y Gabriela Carrasco Hernández, se hayan confabulado para defraudar a sus propios compañeros al cobrarles los 200 pesos a cada trabajador llevándose a la bolsa la cantidad de 80 mil pesos mensuales desafiando así a las autoridades de la Secretaría de Salud puesto que se siguen dando prácticas corruptas.
El conflicto
El fraude que se cometió en contra de 400 trabajadores fue la liberación que créditos superiores a los 100 mil pesos y algunos fueron de 350 mil pesos que comenzaron a descontárseles a los supuestos beneficiados sin que el dinero haya caídos a sus cuentas.
De esto se dieron cuenta cuando comenzaron los descuentos vía nómina.
Luego del escándalo, fue interpuesta una querella por abuso de poder y mal uso de la función pública en contra del exsecretario Efraín Benítez Herrera, Ignacio Valdez Benítez, subsecretario de Administración y Finanzas; además en contra de Hugo Alberto Vázquez, exjefe de Recursos Humanos; y Germán Molina, exencargado de sistemas.
Las investigaciones que se siguen bajo la carpeta 132022/3084 podrían llevar a más involucrados de alto nivel.
Cabe destacar que las empresas involucradas son “Etesa”, “Exitus” y “Crediempleo”, entre otras que, se sospecha pertenecen o tienen alguna relación con los demandados, por lo que exigen una investigación a fondo.
