El gobernador Julio Menchaca resaltó que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares agilizará los procedimientos judiciales
El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, asistió como invitado de honor a la sesión solemne del Congreso de la Ciudad de México, donde se emitió la declaratoria de vigencia y aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Durante su intervención, Menchaca Salazar recordó su paso por el Senado de la República, destacando la presentación, junto a Ricardo Monreal Ávila, de la iniciativa para expedir dicho código.
Este esfuerzo legislativo busca constituir un sistema de justicia alineado con los más altos estándares nacionales e internacionales, poniendo especial énfasis en la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
«Estamos ante un momento histórico, pues esta aprobación contempla la unificación de las normas entre las entidades federativas, lo que dará seguridad y certidumbre en los procedimientos civiles y familiares,» manifestó el mandatario de Hidalgo.
Beneficios del Nuevo Código
El gobernador resaltó que el nuevo código agilizará los procedimientos judiciales y promoverá el uso de medios alternos de solución de conflictos.
Añadió que, además se implementarán juicios en línea y audiencias a distancia, manteniendo a las personas juzgadoras a la vanguardia.
Al dar lectura al dictamen de la declaratoria, se explicó que también se contempla el aumento de la edad de retiro de juezas, jueces, magistradas y magistrados de 70 a 75 años; esto busca aprovechar la experiencia de quienes hacen cumplir la ley, priorizando los sistemas de oralidad y justicia digital para garantizar el ejercicio de sus funciones, en concordancia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se puntualizó
El evento contó con la presencia de destacadas personalidades, entre ellas Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia del Senado de la República; Rafael Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México; y representaciones del Consejo de la Judicatura, así como de las secretarías de Gobernación y de Marina.
Esta declaratoria marca un hito en la justicia civil y familiar en México, con el compromiso de mejorar y unificar los procedimientos en beneficio de la ciudadanía.
