Diputados de Morena, PAN, PRI, MC y PT plantean posturas distintas sobre la transición hacia pagos digitales, mientras empresarios piden gradualidad y revisar las comisiones bancarias
La Cámara de Diputados analiza la iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, presentada por el Ejecutivo Federal como parte del Paquete Económico 2027, con el objetivo de ampliar el uso de medios electrónicos de pago, impulsar la inclusión financiera y reducir gradualmente la utilización de efectivo en México.
El proyecto contempla promover herramientas como SPEI, CoDi y otros mecanismos de pago digital, además de avanzar hacia la bancarización de pequeños negocios y facilitar que los gobiernos acepten medios electrónicos para trámites y servicios. Entre los sectores considerados para una eventual transición se encuentran las gasolineras y las carreteras de cuota.
Durante el análisis legislativo, las distintas fuerzas políticas han expuesto preocupaciones y argumentos sobre los alcances de la propuesta.
Por Morena, Sergio Gutiérrez Luna ha defendido la reducción del uso de efectivo bajo el argumento de que puede contribuir al combate de actividades ilícitas y favorecer una mayor trazabilidad de las operaciones, además de fortalecer la recaudación fiscal.
En contraste, el PAN, a través de Federico Chávez Semerena, ha cuestionado los retos operativos que implicaría reducir el uso de efectivo, particularmente ante las diferencias de infraestructura y conectividad que existen en distintas regiones del país.
El PRI, representado en la discusión por Rubén Moreira Valdez, ha planteado revisar las posibles repercusiones económicas y sociales de la medida, así como sus efectos en familias, comercios y procesos de fiscalización.
Desde Movimiento Ciudadano, Hugo Manuel Luna Vázquez y Patricia Flores han solicitado mayor claridad sobre la aplicación práctica de la iniciativa. Entre los ejemplos expuestos se encuentran los pagos de pequeñas cantidades en escuelas y la compatibilidad de sistemas de pago en autopistas de distintas entidades.
Por su parte, el Partido del Trabajo, mediante Luis Armando Díaz, ha puesto el foco en las comisiones que pagan los comercios por utilizar terminales de punto de venta y ha planteado la necesidad de revisar posibles límites regulatorios para evitar que estos costos desincentiven la digitalización de las pequeñas y medianas empresas.
Empresarios piden una transición gradual
El sector privado también ha solicitado modificaciones al proyecto. Representantes empresariales plantearon que la incorporación de los pagos digitales se realice de manera gradual y que se revise el esquema de comisiones para evitar que los costos de la transición sean trasladados a los consumidores o a los pequeños negocios.
En el caso de las gasolineras, la Onexpo advirtió que existen retos relacionados con infraestructura, bancarización y continuidad del servicio. La organización también señaló que la iniciativa contempla facultades para que la Secretaría de Hacienda determine sectores estratégicos y actividades relevantes en los que el pago digital pueda convertirse en el único medio aceptado, aunque los sectores específicos y los plazos quedarían sujetos a disposiciones posteriores.
Otro de los puntos centrales del debate es el riesgo de exclusión financiera. Legisladores han señalado la necesidad de que las autoridades establezcan reglas que consideren a las personas que no tienen acceso a servicios bancarios, dispositivos tecnológicos o conocimientos suficientes para realizar operaciones digitales.
La iniciativa es analizada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, dentro del proceso de revisión del Paquete Económico 2027. El objetivo planteado por sus promotores es modernizar el sistema de pagos y ampliar la inclusión financiera, mientras que las distintas fuerzas políticas y representantes empresariales buscan definir condiciones de aplicación que consideren la realidad de consumidores y establecimientos.
