Las nuevas medidas anunciadas por el Departamento de Estado también contemplan a personas relacionadas con narcotráfico en América Latina y sus familiares directos
El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas restricciones de visa dirigidas a ciudadanos extranjeros involucrados en dos situaciones específicas: funcionarios que obstaculicen la devolución de menores estadounidenses sustraídos internacionalmente y personas vinculadas con corrupción o narcotráfico en el Hemisferio Occidental.
Las medidas fueron anunciadas este 28 de septiembre de 2026 por el Departamento de Estado durante la administración del presidente Donald Trump, como parte de su política migratoria y de seguridad exterior.
Restricciones por casos de menores sustraídos
Una de las nuevas disposiciones, anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio, está dirigida contra funcionarios extranjeros que interfieran deliberadamente en la resolución de casos de sustracción internacional de menores.
La medida contempla a jueces, administradores judiciales y agentes de la ley extranjeros que, de manera intencional, no ejecuten o incumplan órdenes destinadas a devolver a los menores a su país de residencia habitual.
También puede alcanzar a funcionarios que deliberadamente prolonguen la separación entre los menores y sus familias.
Con esta política, Washington busca utilizar las restricciones de visa como mecanismo de presión para que autoridades extranjeras colaboren en la resolución de este tipo de disputas familiares internacionales.
Medida contra corrupción y narcotráfico
El segundo anuncio corresponde a una política enfocada en el Hemisferio Occidental, vinculada con la iniciativa denominada “Escudo de las Américas”.
De acuerdo con el Departamento de Estado, las restricciones están dirigidas contra extranjeros involucrados en actividades de narcotráfico o en actos de corrupción que, según la administración estadounidense, debiliten a gobiernos elegidos democráticamente.
La medida también contempla a familiares directos de las personas señaladas, quienes podrían quedar sujetos a las mismas restricciones de entrada a territorio estadounidense.
La primera aplicación de esta política alcanzó a 27 ciudadanos, entre ellos Roger Mariaca, fiscal general de Bolivia, de acuerdo con los reportes sobre el anuncio.
Las restricciones de visa no equivalen por sí mismas a una condena penal. Se trata de una herramienta migratoria mediante la cual Estados Unidos puede negar o limitar el ingreso de determinadas personas a su territorio.
Las nuevas disposiciones amplían el uso de las restricciones de visa como instrumento de política exterior y establecen dos ámbitos diferenciados: la cooperación de autoridades extranjeras en casos de menores sustraídos y las acciones contra personas que Washington vincula con corrupción o narcotráfico en la región.
