Llama Kenia López Rabadán a reconocer la crisis y fortalecer mecanismos internacionales para atender las desapriciones forzadas
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que México no debe convertirse en un referente internacional en materia de desapariciones, al señalar que esta crisis “no puede ignorarse, minimizarse ni descalificarse”.
En conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora destacó que la reciente solicitud del Comité contra la Desaparición Forzada para que la Asamblea General de la ONU aborde de manera urgente la situación en México representa una oportunidad para atender el problema con el apoyo de instancias internacionales.
Indicó que esta intervención permitiría al país acceder a cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada, con el objetivo de fortalecer las acciones institucionales frente a este fenómeno.
“Hay una alta responsabilidad por cumplir: investigar con eficacia, prevenir estos hechos, sancionar a los responsables y atender con dignidad a las víctimas. Debe reconocerse la crisis de desapariciones y ver esta decisión como una oportunidad para salir de ella”, sostuvo.
López Rabadán recordó que México forma parte de diversos mecanismos internacionales de derechos humanos, los cuales —dijo— están diseñados para señalar, evaluar y corregir las fallas estructurales de los Estados.
Asimismo, expresó su preocupación ante las advertencias de organismos internacionales que apuntan a la posible comisión de desapariciones como crímenes de lesa humanidad en el país, al registrarse de forma generalizada o sistemática contra la población civil.
En ese sentido, subrayó la necesidad de garantizar investigaciones claras, exhaustivas y técnicamente sólidas que permitan a las familias acceder a la verdad, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición.
La diputada enfatizó que los datos oficiales reflejan la magnitud del problema, con más de 132 mil personas desaparecidas, alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar y más de 4,500 fosas clandestinas localizadas en el territorio nacional.
Finalmente, reconoció la labor de las familias y colectivos de búsqueda, quienes —ante la falta de resultados— han asumido tareas que corresponden al Estado.
