Dan revés al gobierno de Baja California, que encabeza Jaime Bonilla pues no concedió la garantía de audiencia, ni pudo acreditar la utilidad colectiva del terreno.
Ciudad de México.– Un Juez federal otorgó la suspensión definitiva a favor del Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana A.C, mediante la cual se ordena a las autoridades del gobierno de Baja California, que encabeza Jaime Bonilla, frenar el intento de expropiación del predio de 504 mil metros cuadrados.
De acuerdo con el expediente 316/2021-A2, no proceden los actos reclamados del gobierno de Baja California en contra de los socios del Club Campestre de Tijuana, porque el gobierno del estado, no concedió la garantía de audiencia y tampoco pudo acreditar la utilidad colectiva del terreno.
Los abogados del Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana A.C, dijeron que el juez federal concedió “la suspensión de los actos reclamados, a efecto de que las autoridades responsables no emitan acuerdo expropiatorio ni ordene o ejecuten actos de desposesión, desalojo, lanzamiento, ni algún otro que perturbe la posesión, uso y disfrute que tiene la quejosa”.
Además, el juez federal ordenó que “las cosas se mantengan en el estado que guarden y además suspendió “la futura publicación en el Periódico Oficial del Estado, del eventual decreto expropiatorio relacionado con el proyecto Complejo Interactivo Campestre que, en su caso, se llegue a emitir”.
Los argumentos del juez indican que el gobierno del estado no concedió la garantía de audiencia sobre la declaratoria de utilidad pública, la cual debió respetar en forma previa a la emisión del decreto de expropiación que presentó el gobernador Jaime Bonilla, y que se hizo público el pasado 13 de abril en el diario oficial del estado.
En la declaratoria de utilidad pública, paso previo para expropiar el Club Campestre, se resaltó la falta de espacios públicos de áreas verdes en esa zona céntrica de Tijuana, y se señaló que el Campestre era de uso exclusivo para socios.
Sin embargo, y de acuerdo con la ley de Expropiación del estado de Baja California, la autoridad expropiante está obligada a implementar las medidas necesarias, para garantizar que los afectados “realicen una defensa previa a la resolución que afectará su patrimonio”.
Pero, al no garantizar ese derecho a los afectados, el gobierno de Bonilla tampoco se apegó al artículo 14 Constitucional, donde se establece que nadie puede ser privado de sus propiedades, “sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos”.
