Especialistas afirman que la tecnología ayudaría a prevenir abusos, transparentar detenciones y fortalecer la confianza ciudadana en el sistema de justicia
Especialistas en materia penal, derechos humanos y procuración de justicia coincidieron en que la implementación de cámaras corporales en policías y agentes ministeriales podría convertirse en una herramienta clave para combatir abusos de autoridad, documentar actuaciones oficiales y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones de justicia.
Durante el foro “Máxima publicidad como garantía de derecho con enfoque en tecnología”, realizado en la Cámara de Diputados y promovido por la diputada Laura Hernández García, expertos señalaron que la videograbación de procedimientos permitiría reducir la opacidad en detenciones e investigaciones.
El juez en retiro Daniel Venegas advirtió que las detenciones simuladas y diversas irregularidades continúan afectando tanto a personas imputadas como a víctimas, por lo que consideró indispensable incorporar herramientas tecnológicas que permitan supervisar el actuar de las autoridades.
“Mientras haya opacidad, las malas prácticas van a continuar. Si generamos luz y damos visibilidad a estas prácticas institucionales, ello constituye una forma de disuasión”, sostuvo.
Entre sus propuestas destacó el uso obligatorio de cámaras corporales para los cuerpos policiales, así como sistemas de geolocalización en patrullas para garantizar la trazabilidad de los operativos.
Por su parte, la jueza en retiro Magdalena Victoria Oliva señaló que la videograbación, aunque importante, no resolverá por sí sola los problemas estructurales del sistema de justicia. Consideró indispensable fortalecer la carrera ministerial y la capacitación permanente de los operadores jurídicos.
“La demanda de la videograbación no nace del deseo de vigilar al servidor público, sino de la necesidad de proteger los derechos humanos de todos los involucrados”, afirmó.
La exministerio público Graciela Martínez planteó la eliminación de los llamados “puntos ciegos institucionales” mediante registros verificables y auditables en cada etapa de la actuación policial y ministerial.
Aseguró que la propuesta denominada “máxima publicidad 360” busca fortalecer la legalidad y recuperar la confianza ciudadana.
“Lo que no se registra, no existe jurídicamente. Sin trazabilidad no hay legalidad. La transparencia no debilita al Estado, lo legitima”, enfatizó.
En el foro también participó Patricia Vázquez, quien destacó la importancia de videograbar desde el primer contacto entre menores de edad y las autoridades de seguridad para evitar manipulaciones y garantizar el respeto a sus derechos.
La especialista consideró necesario reformar diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales para que las entrevistas a niñas, niños y adolescentes cuenten con plena validez procesal y protección jurídica.
Finalmente, el abogado Paulo César Pérez Cuevas afirmó que los instrumentos internacionales de derechos humanos ya ofrecen herramientas suficientes para controlar la legalidad de las detenciones y proteger la dignidad de las personas, aunque reconoció que muchas veces no se aplican adecuadamente.
