Kenia López Rabadán afirma que México debe demostrar que no existe protección ni impunidad para servidores públicos relacionados con organizaciones criminales
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que las recientes declaraciones del director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, no pueden ser minimizadas y obligan a las instituciones mexicanas a realizar investigaciones serias sobre posibles vínculos entre autoridades y organizaciones del narcotráfico.
En entrevista previa al inicio de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, la legisladora sostuvo que México debe demostrar que ninguna autoridad está por encima de la ley y que no existe tolerancia, protección ni impunidad frente a posibles relaciones entre servidores públicos y grupos criminales.
López Rabadán calificó como una acusación de enorme gravedad la afirmación de Cole respecto a una presunta “conexión mortal” entre las redes de los cárteles y el Gobierno mexicano, así como la declaración de que ambos “son la misma cosa”. Señaló que tales expresiones no deben aceptarse sin pruebas, pero tampoco ignorarse o desestimarse por razones políticas.
La diputada indicó que la respuesta del Estado mexicano no puede limitarse a rechazar los señalamientos del funcionario estadounidense, sino que debe sustentarse en investigaciones independientes, resultados comprobables y actuaciones transparentes por parte de las autoridades competentes.
Subrayó que esta responsabilidad corresponde plenamente al Estado mexicano y constituye un compromiso con las familias del país, independientemente de las declaraciones provenientes del extranjero.
La legisladora hizo énfasis en que existen entidades como Baja California y Sinaloa donde los señalamientos públicos requieren especial atención. Aclaró que no se puede afirmar la responsabilidad de ninguna persona sin pruebas suficientes o una sentencia judicial, pero tampoco debe descartarse la posibilidad de vínculos criminales únicamente mediante declaraciones políticas.
“Si las investigaciones acreditan que algún funcionario, de cualquier partido, gobierno o nivel de responsabilidad, tiene vínculos, brinda protección o utiliza recursos públicos al servicio de una organización criminal, esa relación debe terminarse de inmediato y ser sancionada con todo el peso de la ley”, expresó.
López Rabadán añadió que el contexto actual incluye acusaciones judiciales, testimonios, decisiones administrativas y conversaciones difundidas públicamente que deben ser esclarecidas sin prejuzgar, pero también sin evasiones.
Asimismo, advirtió que la reciente decisión de las autoridades estadounidenses de designar al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales designados incrementa la presión jurídica, financiera y política sobre las organizaciones criminales mexicanas y podría tener implicaciones directas en la relación bilateral entre ambos países.
Finalmente, la presidenta de la Mesa Directiva sostuvo que las instituciones mexicanas deben actuar con apego a la legalidad y ofrecer un ejemplo claro de combate a la impunidad para fortalecer la confianza ciudadana y preservar el Estado de derecho.
