Entre protestas y acusaciones de censura, se avala la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones
Con 369 votos a favor, 103 en contra y 3 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que incluye la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), en sustitución del actual Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como ente regulador del sector.
La sesión estuvo marcada por fuertes protestas de la oposición, que colocó pancartas, una corona fúnebre y un féretro en el recinto legislativo para denunciar lo que calificaron como un “ataque a la libertad de expresión y a la privacidad”.
Diputados del PRI y PAN criticaron severamente la nueva legislación, acusando que otorga al gobierno facultades excesivas para vigilar, censurar e intervenir comunicaciones.
“Con esta ley nace un Big Brother a la mexicana, que todo lo ve y escucha, no para proteger, sino para intimidar”, advirtió el priista Erubiel Alonso.
El panista Miguel Ángel Monraz advirtió que la reforma representa “una amenaza autoritaria y censuradora”.
Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, defendió la aprobación y calificó de falso que la ley busque imponer censura. Señaló que, por el contrario, se busca proteger a las audiencias, equilibrar contenidos y garantizar el acceso a tecnologías.
La minuta enviada por el Senado de la República fue votada en fast track, sin turno previo a comisiones, tras haberse suprimido artículos polémicos como el 109, que originalmente permitía a la nueva agencia bloquear plataformas digitales.
Sin embargo, se mantiene el artículo 209, que otorga a la Secretaría de Gobernación facultades para suspender publicidad de gobiernos extranjeros, salvo en casos culturales, turísticos o deportivos.
Entre las atribuciones de la ATDT se encuentran:
Formular y conducir políticas públicas en telecomunicaciones.
Regular el espectro radioeléctrico y acceso a redes.
Promover inversión, competencia y acceso universal a internet.
Homologar y digitalizar trámites de infraestructura tecnológica.
Impulsar tecnologías emergentes en zonas rurales y de difícil acceso.
Pese a los ajustes, la nueva ley sigue generando controversia entre especialistas, organizaciones civiles y sectores empresariales, quienes temen un debilitamiento del marco institucional independiente que garantizaba la autonomía regulatoria en telecomunicaciones y radiodifusión.
