La nueva ley permitirá a ciudadanos, organismos públicos y empresas de seguridad el uso legal de armas con autorización de la Sedena
En la última sesión del periodo ordinario, el Senado de la República aprobó por unanimidad, y en tan solo diez minutos, la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que permitirá la posesión y portación legal de armas a trabajadores de organismos públicos, empresas de seguridad privada y ciudadanos, siempre que acrediten su necesidad ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Con 105 votos a favor, la Cámara Alta avaló la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre de 2024, la cual fue aprobada previamente por la Cámara de Diputados. La reforma será ahora turnada al Ejecutivo federal para su publicación y entrada en vigor.
El dictamen establece que los organismos creados por el Estado con funciones de servicio público podrán armar a su personal operativo, siempre que cumplan con los requisitos legales y obtengan el aval de la Sedena.
Además, militares activos con jerarquía de generales, jefes y oficiales podrán portar no solo armas, sino también cargadores, municiones y accesorios sin necesidad de licencia, bastando la acreditación de su identidad militar vigente.
También se autoriza la posesión en domicilio de rifles calibre .22 o escopetas (no mayores a calibre 12) a ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo que residan fuera de zonas urbanas.
Otro punto clave es la autorización para que el personal operativo de seguridad pública, tanto federal como estatal, utilice armas automáticas de calibre 7.62 mm, cuando exista justificación operativa y autorización de la Sedena.
La reforma contempla la creación del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, que estará a cargo de la Sedena, centralizando el control total de armamento legal en el país.
Asimismo, se endurecen las sanciones: quienes fabriquen, exporten o modifiquen armas de forma ilegal, incluyendo la transformación de armas semiautomáticas en automáticas, podrían enfrentar penas de 7 a 15 años de prisión y multas de hasta 2,000 Umas.
La aprobación exprés de esta reforma ha generado preocupación por la rapidez del proceso y el impacto que podría tener en el uso y regulación de armas en México, un país con altos índices de violencia armada.
