Es de vital importancia conocer las acciones que el Gobierno federal, a través de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, ha ejecutado para prevenir y combatir la tala ilegal, resuelve INAI
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) debe entregar la documentación sobre las inspecciones realizadas por denuncias en materia de tala ilegal en el estado de Chihuahua, en el periodo de enero 2000 a abril de 2022, determinó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Un tema de relevancia para el país es la deforestación que aqueja al medio ambiente. La ilegal representa el 8 por ciento de las causas que provocan la deforestación y, de acuerdo con estimaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la producción de madera ilegal representa el 30 por ciento del volumen anual autorizado en el país.
Ante el Pleno del INAI el Comisionado Adrián Alcalá Méndez señaló que la tala ilegal acelera la desaparición de la masa forestal, ocasiona un sinnúmero de problemas ambientales y vulnera la biodiversidad en las diferentes zonas, generando con ello una preocupante degradación del suelo y provocando, además, un desequilibrio climático.
Destacó que la tala ilegal en Chihuahua no solo representa un problema medioambiental, sino que, de acuerdo con diversas investigaciones, ya es un problema social.
Al no ser atendida en su totalidad una petición que se le hizo a PROFEPA de entregar la documentación de las inspecciones efectuadas por denuncias en materia de tala ilegal en el estado de Chihuahua, del periodo enero 2000 – abril 2022, el INAI determino que debe realizar una búsqueda exhaustiva de la información con un criterio amplio en todas las unidades administrativas competentes de esta Procuraduría
En respuesta, la delegación de la PROFEPA en Chihuahua manifestó la inexistencia de los diversos rubros solicitados, es decir, no encontró información suficiente por lo que el solicitante presentó recurso de revisión ante el INAI.
En alegatos, la Profepa ratificó y defendió la legalidad de su primera respuesta.
En el análisis realizado por la ponencia del Comisionado Alcalá Méndez, se determinó que la PROFEPA no siguió el procedimiento de búsqueda exhaustiva y no puede considerarse como válida.
Alcalá Méndez precisó que la información solicitada, además de ejercer el derecho de acceso a la información, resulta de vital importancia pues este problema ha causado también el desplazamiento masivo de comunidades indígenas, ya que los bosques de pino en la sierra tarahumara se volvieron uno de los botines del crimen organizado, con mayor incidencia a partir del año 2017 y, para aprovechar este negocio, carteles y caciques se han disputado el territorio con la población indígena.
Por todo lo anterior, dijo estoy convencido que es de vital importancia conocer las acciones que el Gobierno federal, a través de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, ha ejecutado justo para prevenir y combatir la tala ilegal.
