Anunció la Fiscalía General de la Republica que se abrirá una carpeta de investigación contra el juzgador por “delitos cometidos contra la administración de justicia por servidores públicos
La Fiscalía General de la República (FGR) apelará la decisión de un juez que determinó exonerar a Ramón Sosamontes, por firmar contratos vinculados en la Estafa Maestra.
En un comunicado, la FGR apuntó que también dará vista al Consejo de la Judicatura Federal para los aspectos administrativos que correspondan tras la determinación del juez de Distrito, así como la apertura de una carpeta de investigación por delitos cometidos contra la administración de justicia por servidores públicos.
En audiencia, el juez de control con residencia en el Reclusorio Sur, Gustavo Aquiles, determinó que no hay elementos suficientes para acusar a Ramón Sosamontes del delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
El exfuncionario federal es señalado por suscribir contratos ilegales en representación de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con Radio y Televisión de Hidalgo “RTH”, dentro del esquema denominado Estafa Maestra, en el cual dependencias llevaron a cabo malversación de recursos públicos a través de universidades públicas y empresas fantasmas.
Sosamontes fue colaborador de Rosario Robles en Sedatu y Sedesol, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Fue investigado por firmar una serie de contratos con universidades que no realizaron los servicios solicitados, sino que los entregaron a múltiples empresas.
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En este caso se le intentó procesar por contratos que firmó como representante de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con Radio y Televisión de Hidalgo “RTH”.
En un comunicado, FGR afirmó que el juez de distrito Gustavo Aquiles Villaseñor no aceptó la responsabilidad penal en el caso de Ramón “N”, ya que los contratos que suscribió eran legítimos, por lo que no le era aplicable la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Según FGR, el ministerio público federal le señaló al juez que esta ley sí le es aplicable, ya que Radio y Televisión de Hidalgo no tenía la capacidad técnica, material y humana para prestar el servicio, en virtud de que subcontrató con 17 personas físicas y morales en un porcentaje del 94.6% del importe del contrato original.
El agente del Ministerio Público le comunicó al juez Gustavo Aquiles la preocupación de la Fiscalía respecto de su indebida interpretación a la citada Ley de Adquisiciones, que impide el esclarecimiento de los hechos denunciados, misma que era contraría a las múltiples determinaciones emitidas por sus homólogos en casos similares en donde sí se vinculó a proceso a los imputados.
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