Iniciativa busca penalizar la manipulación engañosa y el uso de datos personales sin consentimiento, además de regular autoría de obras creadas con IAG
El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz de Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal del Derecho de Autor, con el objetivo de sancionar el uso indebido de herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial generativa (IAG).
La propuesta busca establecer penas de seis meses a cuatro años de prisión y multas de 100 a 600 días para quienes incurran en prácticas engañosas o invasivas mediante el uso de estas tecnologías.
Se considera como uso indebido la manipulación deliberada de imágenes, audios, videos o textos creados con IA para engañar al público, dañar la reputación de personas o colectivos, o inducir decisiones con base en información falsa o alterada, sin consentimiento de los afectados.
Entre las prácticas sancionables se incluyen:
Difusión de contenidos generados por IA sin informar que son artificiales.
Uso de sistemas entrenados con datos personales o biométricos obtenidos sin autorización.
Intento de registrar como propias obras generadas por IA que vulneren derechos de autor existentes.
Distribución de información confidencial generada o manipulada mediante estas herramientas.
En materia de derechos de autor, la reforma aclara que solo se protegerán obras creadas con asistencia de IA cuando exista intervención humana sustancial y transparente, y siempre que se respete la autoría de las obras originales utilizadas como insumo.
Asimismo, no serán objeto de protección aquellas creaciones generadas de forma autónoma por IA que utilicen sin autorización materiales protegidos, que no revelen sus fuentes, procesos o tecnologías utilizadas.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Cultura y Cinematografía, con opinión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Pérez Díaz subrayó que el marco legal debe adaptarse al nuevo entorno tecnológico, donde estas herramientas ya se usan ampliamente en educación, redes sociales y creación de contenido, lo que plantea retos para la ética, la propiedad intelectual y la protección de datos personales.
