La iniciativa del diputado Marco Antonio Mendoza busca que las sanciones contribuyan a prevenir la reincidencia y fortalecer el tejido social
El diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, integrante del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso del Estado de Hidalgo, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado de Hidalgo con la finalidad de transformar el trabajo a favor de la comunidad en una herramienta de prevención, concientización y reinserción social.
La propuesta plantea que, cuando la naturaleza del delito lo permita, la autoridad judicial privilegie que el cumplimiento del trabajo comunitario se realice mediante actividades, programas, capacitaciones o talleres relacionados directamente con la conducta infractora, orientados a prevenir la reincidencia y contribuir a la reparación del tejido social.
Durante la exposición de motivos, el legislador explicó que el uso del término «privilegiará» brinda flexibilidad a las y los jueces para determinar el tipo de sanción más adecuada, especialmente en municipios donde no existan programas especializados, permitiendo recurrir al servicio comunitario tradicional sin limitar la facultad judicial.
La iniciativa también contempla que la autoridad penitenciaria o la instancia responsable de supervisar medidas cautelares y suspensiones condicionales del proceso establezca convenios de colaboración con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil para desarrollar programas especializados que fortalezcan el cumplimiento de estas medidas.
Entre las acciones previstas destacan programas de educación y seguridad vial, prevención y erradicación de la violencia de género, cultura de la legalidad, salud pública, prevención de adicciones, protección al medio ambiente y cualquier otra actividad vinculada con el delito cometido, buscando que las sanciones tengan un impacto pedagógico, restaurativo y de reinserción.
Mendoza Bustamante señaló que la reforma representa un cambio en la visión del sistema penal estatal, al pasar de un modelo centrado únicamente en el castigo hacia uno que fomente la educación, la reflexión y la modificación de conductas.
Como ejemplo, explicó que actualmente una persona sancionada por una infracción vial puede cumplir trabajo comunitario realizando labores de limpieza sin recibir capacitación en seguridad vial, o que quien incurre en conductas relacionadas con violencia de género difícilmente modifica su comportamiento mediante actividades que no abordan la problemática de fondo.
Por ello, la iniciativa incorpora los principios de especialización e idoneidad para que las sanciones respondan a una lógica educativa y restaurativa, favoreciendo el desarrollo de conocimientos y habilidades que permitan disminuir el riesgo de reincidencia.
El legislador destacó que la propuesta se sustenta en tres ejes: la prevención especial para atender las causas que originan la conducta delictiva, la justicia restaurativa para reparar el daño causado y la aplicación de sanciones con un componente de educación y concientización.
Asimismo, aseguró que la implementación de la reforma no implicará un impacto presupuestal adicional para el estado, ya que podrá operar mediante convenios con instituciones públicas, privadas y organizaciones civiles, aprovechando programas e infraestructura ya existentes.
Finalmente, hizo un llamado a impulsar una política criminal más humana, eficiente e inteligente, que privilegie la transformación de las personas y fortalezca la convivencia social mediante mecanismos que favorezcan una verdadera reinserción.
