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miércoles, julio 15, 2026
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CSP presenta iniciativa para unificar sanciones por feminicidio 

Sheinbaum presenta iniciativa de Ley General contra el feminicidio para unificar sanciones en todo México. FotoEspecial

La propuesta establece penas de hasta 70 años de prisión, obliga a investigar toda muerte violenta de una mujer como feminicidio desde el inicio y fortalece la protección a víctimas indirectas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó y firmó la iniciativa de la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, con el propósito de homologar la legislación en las 32 entidades federativas y fortalecer el combate a la violencia de género en el país.

La propuesta busca eliminar las diferencias legales entre los estados que, en muchos casos, dificultan la correcta investigación de los asesinatos de mujeres y favorecen la impunidad. Con esta reforma, toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse, desde el primer momento, bajo el protocolo de feminicidio, evitando que estos casos sean clasificados como homicidios o suicidios sin una investigación con perspectiva de género.

Entre los principales cambios destaca el establecimiento de penas de entre 50 y 70 años de prisión para quienes sean encontrados responsables del delito de feminicidio. Además, la iniciativa incorpora diez razones de género para acreditar este ilícito, entre ellas antecedentes de violencia sexual, relaciones de poder y violencia familiar, así como 19 agravantes que endurecen las sanciones cuando la víctima sea menor de edad, adulta mayor, periodista, mujer embarazada o cuando se utilicen sustancias corrosivas como ácido.

El proyecto también plantea que el delito de feminicidio sea imprescriptible, por lo que las investigaciones, sanciones y el derecho a la reparación integral del daño no perderán vigencia con el paso del tiempo. Asimismo, prohíbe la aplicación de amnistías o beneficios que permitan extinguir la acción penal.

Como parte de las medidas complementarias, la iniciativa contempla la pérdida definitiva de la patria potestad, tutela, guarda y custodia de los hijos por parte del agresor, así como la anulación de sus derechos sucesorios. En caso de que el responsable sea un servidor público, se prevé su destitución e inhabilitación inmediata.

Otro de los aspectos relevantes es la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, con el objetivo de garantizar atención integral a las víctimas indirectas mediante acceso a educación, seguridad social, asistencia psicológica y representación jurídica gratuita.

La iniciativa deriva de la reciente reforma al artículo 73 de la Constitución, que facultó al Congreso de la Unión para expedir una legislación nacional en esta materia. Se prevé que el proyecto sea turnado a comisiones y discutido durante el próximo periodo ordinario de sesiones que iniciará en septiembre.