Tras protestas contra operativos migratorios Trump ordena envío de 2 mil efectivos de la GN a Los Ángeles pese a la oposición del gobernador Gavin Newsom
El presidente Donald Trump ordenó el despliegue de 2,000 elementos de la Guardia Nacional de California hacia Los Ángeles, tras una jornada de intensas protestas contra los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que derivaron en enfrentamientos con manifestantes.
La medida fue anunciada por la Casa Blanca, que justificó el despliegue como un esfuerzo para «abordar la anarquía que se ha permitido que se propague» en la región, en referencia a los disturbios registrados el sábado en la ciudad de Paramount, donde agentes federales con equipo antidisturbios y máscaras de gas montaron guardia frente a un parque industrial.
Decenas de manifestantes se congregaron en el lugar para rechazar los operativos contra inmigrantes indocumentados.
Testigos reportaron que los agentes usaron gas lacrimógeno para dispersar a los asistentes, muchos de los cuales documentaron el enfrentamiento con sus teléfonos móviles mientras abucheaban a las autoridades.
Trump amenaza a Newsom y Bass
Horas antes de firmar la orden ejecutiva, el presidente Trump lanzó duras críticas al gobernador de California, Gavin Newsom, y a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, a través de su red social Truth.
“El Gobierno Federal intervendrá y resolverá el problema, DISTURBIOS Y SAQUEADORES, como debe resolverse” si Newsom y Bass “no pueden hacer su trabajo, que todos saben que no pueden”, escribió el mandatario.
El movimiento federal se produce sin un acuerdo formal con las autoridades locales, lo que ha generado tensiones. Funcionarios estatales denunciaron falta de coordinación y consideraron la presencia de tropas como una acción unilateral e innecesaria que podría escalar aún más el conflicto.
Por su parte, Tom Homan, asesor de Trump en materia migratoria, confirmó a Fox News que la Guardia Nacional se desplegaría esa misma noche: “Vamos a contrarrestar a esta gente. Pueden protestar, pero si cruzan la línea, serán procesados. Tolerancia cero”.
La acción marca un nuevo episodio en la confrontación entre el gobierno federal y las autoridades californianas, particularmente en temas migratorios, y reaviva el debate sobre los límites del poder presidencial para intervenir en asuntos locales sin consenso estatal.
