La presidenta Sheinbaum celebra sentencia contra García Luna; UIF revela red de corrupción en gobiernos de Calderón y Peña Nieto
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como un “acto de justicia” la sentencia emitida por una corte en Florida que obliga a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, a pagar 2,500 millones de dólares al Gobierno de México por desvío de recursos públicos.
Durante su conferencia matutina de este viernes, Sheinbaum destacó que se trata de un fallo “muy importante” que confirma la existencia de una estructura corrupta operada por funcionarios de los sexenios de Calderón y Enrique Peña Nieto para enriquecerse ilícitamente a costa del erario público.
La decisión fue dictada por la jueza Lisa Walsh, de la Corte del Condado de Miami, como resultado de la demanda presentada por el Gobierno mexicano.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, detalló que García Luna deberá reembolsar 748 millones de dólares, mientras que su esposa, Linda Cristina Pereyra, tendrá que pagar más de 1,740 millones de dólares.
Trama de corrupción documentada
Según Gómez, entre 2009 y 2018, el matrimonio García Luna-Pereyra recibió 30 contratos gubernamentales a través de empresas vinculadas a ellos, en un esquema fraudulento que operó durante dos administraciones federales.
“El dinero que será devuelto al Estado fue producto de un esquema de defraudación”, subrayó el titular de la UIF.
Añadió que esta red no sólo violó la ley, sino que también atentó contra los intereses de la nación, utilizando recursos públicos con fines privados.
García Luna, de 56 años, se encuentra preso en Estados Unidos desde su detención en 2019 en Dallas, Texas. En febrero de 2023, fue declarado culpable por un jurado en Nueva York de cinco delitos, incluyendo tráfico de cocaína, conspiración y falso testimonio, por su relación con el Cártel de Sinaloa. Actualmente cumple una condena de 39 años de prisión.
La resolución judicial en Florida, además de representar una victoria legal para el Gobierno mexicano, marca un hito en el combate a la impunidad de exfuncionarios, enviando un mensaje claro sobre las consecuencias de abusar del poder público.
