La presidenta del Senado Ana Lilia Rivera propone elecciones directas para jueces y magistrados, reducción del número de ministros de la SCJN y nuevas estructuras para el Consejo de la Judicatura Federal
Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, afirmó que una reforma democratizadora del Poder Judicial es justa y necesaria para poner fin a la impunidad, la corrupción, la violencia y el contubernio entre autoridades, jueces y criminales.
En su artículo titulado “Transformar el Poder Judicial para garantizar la justicia y consolidar la democracia”, Rivera destacó la urgencia de una colaboración armónica entre los poderes del Estado para que la voluntad popular se refleje en leyes e instituciones.
Rivera denunció que actualmente el Poder Judicial bloquea las transformaciones necesarias para el proceso democratizador y no está en armonía con las demandas de la ciudadanía. Subrayó que los procedimientos y jueces de distritos locales son focos de corrupción, donde la justicia puede ser comprada, dejando a los más desfavorecidos sin protección.
La propuesta de reforma incluye que jueces y magistrados sean electos mediante voto directo de la ciudadanía, con acceso a tiempos oficiales en radio y televisión para presentar sus programas y perfiles, sin campañas partidistas. Además, se plantea reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a nueve, disminuir su periodo de 15 a 12 años y eliminar las dos salas superiores de la Corte.
Los candidatos a ministros de la SCJN y del Tribunal Electoral serían propuestos por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el pleno de la Corte, respetando la paridad de género. Asimismo, se propone sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por el Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de administración judicial para evitar la concentración de poder.
La reforma busca garantizar justicia pronta y expedita estableciendo un máximo de un año para resolver asuntos penales y seis meses para asuntos fiscales, evitando demoras que perjudican a los más pobres y favorecen a los oligarcas.
La senadora Rivera concluyó que esta reforma es esencial para que la administración de justicia beneficie a todos los ciudadanos, especialmente a los más desfavorecidos, y para consolidar una verdadera democracia en México.
