El beneficio permitirá a los 500 diputados circular sin costo por autopistas de peaje entre 2025 y 2027, además de las significativas prestaciones que ya perciben
La Cámara de Diputados destinó 97 millones 392 mil pesos de recursos públicos para cubrir el pago de casetas de peaje de las y los legisladores durante los tres años de la LXVI Legislatura (2025-2027), un gasto que ha generado polémica por contrastar con los llamados a la austeridad y los ajustes presupuestales en otros sectores.
De acuerdo con la asignación presupuestal, el contrato permitirá que los 500 diputados federales transiten por autopistas de cuota en todo el país sin desembolso personal, mediante el uso de dispositivos electrónicos de cobro automático TAG, proporcionados por la empresa E&I Movilidad México (Easytrip).
El servicio cubre la totalidad del periodo legislativo y se financia con recursos del erario, lo que ha despertado críticas al considerar que este beneficio se suma a las percepciones mensuales de los legisladores, que superan los 74 mil pesos por concepto de asistencia legislativa y atención ciudadana, además de otras prestaciones como seguros de vida, apoyos administrativos y aguinaldos.
La controversia se intensifica en un contexto en el que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 ha sido objeto de debate por recortes y ajustes en áreas sensibles como educación y salud, lo que ha llevado a diversos sectores a cuestionar la pertinencia de mantener este tipo de privilegios para los representantes populares.
Aunque desde San Lázaro se ha argumentado que el gasto busca facilitar las labores legislativas y el traslado a distritos y estados de origen, organizaciones civiles y analistas han señalado que este tipo de erogaciones contradicen el discurso de austeridad republicana y refuerzan la percepción de un trato preferencial hacia la clase política.
El tema ha reavivado el debate sobre la necesidad de revisar las prestaciones de los legisladores y transparentar el uso de los recursos públicos, en un escenario de crecientes exigencias ciudadanas por mayor rendición de cuentas.
