La propuesta de Sheinbaum contempla recortar presupuestos y reforzar la fiscalización de partidos políticos y será eviada al Congreso este lunes 17 de marzo
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes 17 de marzo el envío de un “Plan B” de reforma electoral, luego de que la iniciativa constitucional inicial no obtuviera el respaldo necesario en el Congreso.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la nueva propuesta mantiene como eje central la reducción de gastos y privilegios en el sistema político-electoral, además de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Entre los principales planteamientos destaca ajustes en la integración de los gobiernos locales.
El proyecto propone reducir el número de regidores en los ayuntamientos, estableciendo un máximo de 15 y un mínimo de siete, además de limitar a una sola sindicatura por municipio.
En materia presupuestal, se plantea que los Congresos locales no puedan ejercer más del 0.7 por ciento del presupuesto estatal, y que los ahorros generados se destinen a obras de infraestructura en municipios y entidades.
Asimismo, la iniciativa contempla que consejeros electorales, magistrados y altos funcionarios no perciban salarios superiores al de la Presidencia, y prohíbe a alcaldes y diputados acceder a bonos, seguros de gastos médicos mayores u otros ingresos adicionales.
En el ámbito federal, se prevé una reducción progresiva del gasto en el Senado hasta alcanzar el 15 por ciento, además de establecer que la revocación de mandato se realice el primer domingo de junio en el tercer o cuarto año de gobierno.
Respecto al Poder Judicial, la presidenta confirmó que su elección se mantendrá en 2027, aunque con mayores controles y revisión de perfiles por parte de los comités de evaluación.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que tomó la decisión de que la elección judicial se lleve a cabo en 2027.
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— Noticias Énfasis (@enfasisnoticias) March 17, 2026
El “Plan B” también incluye modificaciones a la Ley General de Partidos Políticos para reforzar la fiscalización, entre ellas la obligación de transparentar salarios de dirigentes, reportar operaciones financieras en tiempo real y establecer un tope de remuneraciones de mil 500 UMAS.
Además, se prohíbe el uso de recursos ilícitos, de origen no comprobable, del extranjero o en efectivo, con el objetivo de garantizar mayor legalidad en el financiamiento de los partidos.
La propuesta será analizada por el Congreso en las próximas semanas, en medio de un escenario político marcado por el debate sobre la austeridad, la representación democrática y la transparencia en el uso de recursos públicos.
En cuanto a la eliminación de las listas de representación proporcional (plurinominales) consideró insistir en la próxima legislatura.
