El legislador de Morena Enrique Inzunza argumentó una “embestida mediática” tras señalamientos de Estados Unidos sobre vínculos con el narcotráfico
El senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez solicitó formalmente licencia para separarse temporalmente de su cargo en el Senado de la República, en medio de la controversia política derivada de señalamientos realizados desde Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.
La decisión fue comunicada este jueves 28 de mayo de 2026, luego de semanas marcadas por cuestionamientos sobre sus reiteradas ausencias legislativas y su reciente comparecencia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El legislador justificó su separación temporal señalando que enfrenta una “embestida mediática” impulsada por sectores de oposición, situación que —afirmó— ha generado un ambiente de presión política en torno a su figura pública.
La licencia solicitada contempla inicialmente su ausencia presencial en las sesiones extraordinarias programadas para los días 28 y 29 de mayo en la Cámara Alta.
Durante este periodo, su lugar será ocupado por su suplente, Omar López Campos, actual secretario del Bienestar en el estado de Sinaloa.
Pese a su separación temporal del pleno legislativo, Inzunza aseguró que permanecerá en la Ciudad de México y continuará colaborando con su grupo parlamentario desde el exterior de las sesiones, aportando argumentos y seguimiento a los trabajos legislativos.
La solicitud ocurre apenas días después de que el senador compareciera voluntariamente ante la Fiscalía General de la República para rendir entrevista ministerial relacionada con investigaciones derivadas de información emitida por autoridades estadounidenses.
En días previos, el morenista había señalado públicamente que atendería cualquier requerimiento de las autoridades sin hacer uso del fuero constitucional derivado de su cargo legislativo.
El caso de Inzunza se desarrolla en un contexto de creciente tensión política en Sinaloa, donde también han sido requeridos por autoridades federales otros funcionarios y exservidores públicos relacionados con investigaciones sobre seguridad y presuntos nexos con el crimen organizado.
