Rosario Piedra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desató críticas de activistas y colectivos de víctimas, quienes advierten un posible debilitamiento de la rendición de cuentas tras la propuesta
La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, solicitó formalmente al Senado de la República dejar sin efecto 103 solicitudes de comparecencia dirigidas a servidores públicos que rechazaron recomendaciones emitidas por el organismo.
A través del oficio CNDH/P/0132/2026, la funcionaria pidió que las citaciones no fueran atendidas, al argumentar que la comisión trabaja en un denominado “nuevo modelo constitucional”, el cual, de acuerdo con su planteamiento, busca establecer mecanismos que considera más efectivos para el cumplimiento de las recomendaciones.
La petición generó críticas entre activistas, colectivos de víctimas y especialistas en derechos humanos, quienes cuestionaron las posibles implicaciones de suspender las comparecencias de autoridades que han rechazado recomendaciones relacionadas con presuntas violaciones a derechos fundamentales.
Uno de los principales señalamientos se centra en el impacto que esta medida podría tener en materia de rendición de cuentas.
Las comparecencias ante el Congreso de la Unión constituyen un mecanismo mediante el cual los servidores públicos pueden ser llamados a explicar públicamente las razones por las que decidieron no aceptar una recomendación de la CNDH.
Organizaciones y defensores de derechos humanos advirtieron que dejar sin efecto estos procedimientos podría reducir la visibilidad de casos relacionados con posibles violaciones a derechos humanos y limitar los espacios institucionales para que las víctimas y sus familias conozcan las acciones emprendidas por las autoridades señaladas.
Asimismo, especialistas han planteado una discusión sobre las facultades de la CNDH frente al Poder Legislativo, al señalar que la decisión de citar a servidores públicos corresponde al órgano legislativo competente, por lo que la comisión no tendría atribuciones para cancelar unilateralmente los procedimientos de comparecencia.
La solicitud ocurre además en un contexto de cuestionamientos hacia la gestión de Rosario Piedra Ibarra. Colectivos y organizaciones han expresado críticas por la actuación de la CNDH en diversos casos de alto impacto, entre ellos la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
En ese caso, sectores de la oposición y familiares de los estudiantes han cuestionado la postura asumida por el organismo nacional y han demandado una mayor actuación institucional para esclarecer los hechos y garantizar justicia y reparación para las víctimas.
De igual manera, colectivos de familiares de personas desaparecidas y madres buscadoras han manifestado su preocupación por el funcionamiento de la CNDH y han puesto en duda la autonomía del organismo frente al Poder Ejecutivo.
La solicitud para dejar sin efecto las 103 comparecencias abre ahora un debate sobre los alcances de las facultades de la CNDH y del Senado, así como sobre los mecanismos disponibles para garantizar que las autoridades respondan públicamente cuando rechazan recomendaciones relacionadas con la protección de los derechos humanos.
