Municipios y organismos descentralizados concentran 95% del monto pendiente de aclarar; Atotonilco de Tula encabeza las observaciones entre los ayuntamientos.
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) detectó 157 millones 155 mil 360 pesos pendientes de aclarar durante la segunda entrega de los Informes Individuales de Auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2025.
El auditor superior, Jorge Valverde Islas, presentó este viernes los resultados ante el Congreso de Hidalgo y precisó que los montos observados no representan necesariamente daños al erario, debido a que los entes fiscalizados todavía tienen oportunidad de presentar documentación para justificarlos o solventarlos.
Del total, 75 millones 834 mil 967 pesos corresponden a municipios y otros 73 millones 480 mil 987 pesos a organismos descentralizados municipales. En conjunto, ambos sectores concentran alrededor del 95% de las observaciones económicas de esta segunda entrega.
Otros 7 millones 839 mil 404 pesos corresponden a entidades del sector paraestatal y organismos autónomos.
Atotonilco de Tula encabeza a los municipios
Entre los ayuntamientos, Atotonilco de Tula registró el monto más alto pendiente de aclarar, con 25 millones 72 mil 902 pesos.
Le siguen Tizayuca, con 13 millones 435 mil 162 pesos; Mineral de la Reforma, con 12 millones 15 mil 847; Huejutla de Reyes, con 8 millones 530 mil 892, y Cuautepec de Hinojosa, con 4 millones 340 mil 693 pesos.
Sin embargo, el monto individual más elevado entre los entes revisados corresponde al Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda de Tizayuca, con 49 millones 602 mil 180 pesos pendientes de aclarar.
También destacan el Sistema DIF Pachuca, con 7 millones 451 mil 224 pesos, y el Sistema DIF de Mineral de la Reforma, con 2 millones 811 mil 874 pesos.
Entre las principales causas de las observaciones se encuentran falta u omisión de documentación comprobatoria y justificativa, pagos indebidos o improcedentes e incumplimientos relacionados con la Ley de Ingresos, cuotas y tarifas aprobadas.
Los entes fiscalizados disponen de 30 días hábiles, a partir de la notificación de sus respectivos informes, para presentar las aclaraciones y documentación correspondiente. Una vez concluido ese proceso, la ASEH determinará cuáles observaciones fueron solventadas y cuáles derivarán en las acciones legales correspondientes.
Valverde Islas informó además que, como resultado de las auditorías de esta segunda entrega, se logró hasta ahora el reintegro de 266 mil 771 pesos a la Hacienda Pública.
Durante la presentación, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Andrés Velázquez Vázquez, señaló que el Legislativo dará seguimiento a los resultados de la fiscalización.
Por su parte, Juan Pablo Escalante Urbán, presidente de la directiva de octubre, destacó la importancia de revisar el ejercicio de los recursos públicos y determinar responsabilidades cuando corresponda.
