La contraloría de Hidalgo advierte sobre uso electoral de recursos públicos; instruye reforzar la vigilancia de vehículos, personal, presupuesto y medios oficiales para evitar que sean utilizados en la promoción de candidaturas o ataques políticos
La Secretaría de Contraloría de Hidalgo emitió una circular para reforzar la imparcialidad en el servicio público y prevenir el uso de recursos gubernamentales con fines electorales, al establecer que el presupuesto, los vehículos, el personal y los medios de comunicación oficiales deben estar al servicio de la población.
El documento, suscrito por el secretario Álvaro Bardales, señala que la vigilancia del dinero público no debe limitarse a los periodos de precampaña o campaña. Por ello, instruye a los Órganos Internos de Control del Poder Ejecutivo estatal a prevenir, documentar e investigar posibles irregularidades desde que tengan conocimiento de hechos o indicios, dentro de sus atribuciones.
Asimismo, solicita la colaboración de las contralorías municipales y de otros entes públicos, respetando en todo momento su autonomía y ámbito de competencia.
La circular establece que, cuando un funcionario haga pública su intención de buscar la reelección o anuncie su registro en un proceso partidista, deberá reforzarse la supervisión de los recursos bajo su responsabilidad. Aclara que aspirar a una candidatura no constituye por sí mismo una irregularidad, pero tampoco permite utilizar el cargo para obtener ventajas electorales.
Entre las conductas que deben prevenirse se encuentran el uso de vehículos, combustible, oficinas, contratos o personal gubernamental en actividades proselitistas; condicionar obras, apoyos, empleos o servicios a cambio de respaldo político, así como emplear padrones y datos personales con fines partidistas.
También se contempla la utilización de recursos públicos para pagar, producir o difundir publicidad, videos y campañas de desprestigio, incluso cuando estas acciones se realicen mediante terceros o plataformas digitales.
Respecto a las actividades institucionales, el documento precisa que conferencias de prensa, inauguraciones, recorridos, informes y publicaciones en cuentas oficiales deben responder a una finalidad pública. Sin embargo, reconoce que la crítica política y la rendición de cuentas están protegidas, por lo que cada caso deberá analizarse de acuerdo con su contenido, contexto y recursos utilizados, sin recurrir a la censura previa y respetando los derechos políticos.
La circular también establece que los órganos de control no deben desestimar indicios por el simple hecho de que no exista una denuncia formal. Deberán recibir y atender quejas, valorar información difundida en medios de comunicación y redes sociales cuando aporte elementos sobre posibles faltas administrativas, preservar pruebas y dar seguimiento a los casos o canalizarlos ante las autoridades correspondientes.
Además, advierte que los servidores públicos encargados de vigilar el cumplimiento de estas disposiciones podrían incurrir en responsabilidades si, teniendo conocimiento de los hechos y facultades para intervenir, omiten injustificadamente prevenir, investigar, denunciar o dar seguimiento a las posibles irregularidades. Cualquier responsabilidad deberá acreditarse individualmente mediante el procedimiento legal correspondiente.
La Secretaría de Contraloría informó que brindará orientación y capacitación sobre “Blindaje Electoral en el ámbito de la Contraloría Social”, con el propósito de fortalecer la vigilancia y garantizar que las obras, programas y servicios continúen conforme a sus reglas de operación y presupuesto, sin condicionamientos políticos.
“El mensaje es claro: el dinero del pueblo debe atender las necesidades de la gente. Ninguna aspiración electoral está por encima de esa obligación”, puntualizó Álvaro Bardales.
