El legislador busca que se regulen los dispensadores automáticos de agua potable en espacios públicos y comerciales para proteger la salud de la población.
El diputado Emilio Manzanilla, del Partido del Trabajo (PT), propuso adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Salud y a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para establecer una regulación estricta sobre los dispensadores automáticos de agua potable instalados en espacios públicos y comerciales.
La propuesta establece que estos dispositivos no podrán ser colocados en la vía pública, unidades habitacionales, centros comerciales o espacios comunitarios si no cuentan con autorización sanitaria emitida por la autoridad competente.
Según la iniciativa, toda persona física o moral que instale, opere o administre dichos dispensadores deberá acreditar la fuente del agua, el proceso de purificación, garantizar mantenimiento periódico, limpieza y cambio de filtros, así como exhibir visiblemente la fecha del último servicio, los datos de contacto del responsable y los resultados recientes de análisis bacteriológicos.
Asimismo, los dispensadores deberán estar sujetos a inspecciones sanitarias sin previo aviso y contar con licencia municipal o delegacional en caso de operar en espacios públicos. También deberán proporcionar información veraz sobre la calidad del agua, procesos de purificación, costos y mantenimiento, siendo sancionados aquellos que incurran en omisiones o información falsa bajo el concepto de publicidad engañosa.
“La intención no es criminalizar la innovación, ni restringir el acceso al agua, sino asegurar que estos sistemas cumplan con estándares mínimos de salud pública”, subrayó Manzanilla.
Enfatizó que la iniciativa es una medida preventiva para evitar crisis sanitarias y proteger especialmente a sectores vulnerables, como la niñez.
El proyecto fue turnado a las comisiones unidas de Salud, y de Economía, Comercio y Competitividad, y establece que será la Secretaría de Salud, en coordinación con autoridades estatales y municipales, la encargada de emitir las normas oficiales mexicanas correspondientes, así como clausurar aquellos dispensadores que representen un riesgo sanitario.
Con esta propuesta, se busca dotar a las autoridades locales de herramientas legales claras para autorizar, supervisar o retirar estos equipos, en un país donde enfermedades gastrointestinales continúan afectando gravemente a la población, especialmente a menores de edad.
