FGR rechaza liberación de operadora del CJNG; iniciará proceso contra jueza

FGR rechaza liberación de operadora del CJNG; iniciará proceso contra jueza- FotoEspecial

La FGR acusa “actitud parcial” y “subterfugios legales” en decisión judicial que liberó a Leslie ‘N’, alias “La Güera”, tras cateo en Michoacán


La Fiscalía General de la República (FGR) expresó su total desacuerdo” con la decisión de una jueza del Centro de Justicia Penal Federal en Morelia, Michoacán, quien dejó en libertad a Leslie ‘N’, alias “La Güera”, presunta operadora financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenida durante un cateo en el municipio de Huandacareo.

En un comunicado oficial publicado en su cuenta de X (antes Twitter) la noche del viernes, la FGR acusó que la determinación judicial de no vincular a proceso a la imputada fue tomada con base en argumentos insustanciales y que ordenar su liberación inmediata representa un acto que daña la seguridad nacional.

Leslie ‘N’ fue detenida en flagrancia, mientras intentaba huir a un domicilio contiguo durante un operativo autorizado judicialmente, en el que fueron aseguradas metanfetaminas, cocaína, marihuana y diversos objetos ilícitos.

La Juez dictó auto de no vinculación a proceso basándose en argumentos como la diferencia de segundos en los testimonios sobre el momento exacto del ingreso al domicilio o el número de veces que el Ministerio Público Federal tocó la puerta, lo cual no es relevante al haber autorización judicial para el cateo”, señala el comunicado de la FGR.

La institución también acusó a la jueza de haber incurrido en una actitud parcial” y de utilizar subterfugios legales” para justificar su decisión, lo que calificó como una resolución contraria a derecho y perjudicial para el Estado.

Como respuesta, la FGR anunció que impugnará legalmente la resolución y que abrirá una carpeta de investigación contra la jueza, por presunto delito contra la administración de justicia, al considerar que su actuación implicó un desconocimiento deliberado de la legalidad.

El caso reabre el debate sobre las decisiones judiciales en torno a delitos de alto impacto y el equilibrio entre el debido proceso y la lucha contra el crimen organizado.