Omar García Harfuch señaló que se detectaron anomalías en decomiso de 59 millones de litros de combustible y confirmó la salida del delegado de la FGR en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció la existencia de anomalías e inconsistencias en el procedimiento relacionado con el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato, uno de los mayores decomisos reportados recientemente por autoridades federales.
Durante la revisión del operativo se detectó que no se realizaron todas las verificaciones oficiales necesarias antes de presentar públicamente los resultados, situación que derivó en cuestionamientos sobre el procedimiento empleado para determinar y comunicar el volumen del combustible asegurado.
Ante estas irregularidades, se confirmó la destitución del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, Juan Francisco Vera como parte de las medidas adoptadas para deslindar responsabilidades y revisar el proceso.
«Fue destituido porque la Fiscal General de la República, el equipo de la Fiscal General de la República encontró ciertas anomalías en este operativo, como lo que usted comenta que fue dos semanas antes y se informa también dos semanas después sin haber verificado todo absolutamente», indicó García Harfuch.
Destacó que, el decomiso en las instalaciones de la empresa SIMSA, lo hizo la delegacion de la FGR, no la FEMDO, que es quien debe investigar esos casos, puntualizó García Harfuch.
Aseguró, desde Villa Hermosa, Tabasco, que las autoridades federales continuarán con la investigación para establecer con precisión qué ocurrió durante el operativo y determinar las responsabilidades correspondientes.
El caso cobró relevancia debido a la magnitud del aseguramiento anunciado inicialmente, equivalente a 59 millones de litros de combustible, por lo que la revisión de los procedimientos busca esclarecer la información presentada y garantizar que futuros decomisos cuenten con las verificaciones correspondientes antes de ser dados a conocer públicamente.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantiene coordinación con la FGR y otras instituciones federales para dar seguimiento al caso.
