El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa propuso tipificar como delito punible el reclutamiento de niñas, niños o adolescentes, para la comisión de actos delictivos
Ciudad de México. – La propuesta del senador Miguel Ángel Mancera destaca que niñas, niños y adolescentes que son forzados a delinquir son prioritariamente víctimas, por lo que es urgente tipificar como delito penal y sancionar a quien cometa este ilícito hasta con 30 años de prisión.
Ante la prevalencia del reclutamiento forzado de niños y adolescentes, así como el incremento de la violencia criminal ejercida en su contra, la Red por los Derechos de la Infancia en México urgió al Estado mexicano a tipificar como delito penal está práctica.
Mancera Espinosa señaló que la crisis de seguridad que enfrenta México puso en evidencia no sólo un repunte de ciertas actividades ilícitas, sino la evolución de las estrategias de la delincuencia organizada, que cada vez más utiliza a menores de edad para sus operaciones criminales.
Sin embargo, dijo, no existe un diagnóstico de esta problemática que permita la respuesta institucional del Estado, “con base a los instrumentos normativos vigentes”
Las estadísticas expuestas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, del 1 de enero al 31 de octubre de 2021, indican que se registraron dos mil 37 homicidios de menores de 17 años; mientras que, en el mismo periodo, la cifra de fallecimientos violentos fue de mil 973 personas.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, en tanto, reportó cuatro mil 328 menores como desaparecidos, del 1 de enero al 7 de diciembre de 2021.
En este contexto, Miguel Ángel Mancera presentó una iniciativa para establecer en el Código Penal Federal que comete el ilícito de reclutamiento, la persona física o moral que aliste o utilice a niñas, niños o adolescentes para cometer cualquiera de los delitos referidos en este ordenamiento o en alguna ley especial, o para formar parte de una asociación delictuosa.
La iniciativa detalla que, por la comisión de estas conductas, se aplique una sanción penal de 10 a 20 años de prisión, que podría aumentar en una mitad cuando sea cometida por servidores públicos o cuando dicho reclutamiento recaiga sobre niñas, niños o adolescentes con algún tipo de discapacidad.
La iniciativa que ya fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, propone que a dichos funcionarios también se les destituya e inhabilite para desempeñar cualquier cargo o comisión pública.
También sugiere reformar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para establecer como agravante el reclutamiento de menores para cometer cualquiera de los delitos a que se refiere dicha ley, así como cuando dichos menores de edad tengan algún tipo de discapacidad.
Subrayó que, “no excluye de la responsabilidad penal o de otras formas de rendición de cuentas, pero sí ayuda a promover una lógica de restitución de derechos en la desvinculación, la recuperación física, psicológica y en la reinserción de las víctimas.
