Decreto que prohíbe el Glifosato no tiene evidencia científica de daño a la salud, afirma la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos.
Ciudad de México, 22 de julio de 2022. – El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, miente en la defensa que hace del decreto que prohíbe el glifosato, para enero de 2024, pues nunca aportó las pruebas, evidencias, estudios e investigaciones científicas que comprueben que el herbicida glifosato es dañino a la salud y al medio ambiente, afirma Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, (UMFFAAC).
El presidente de la UMFFAAC, Luis Eduardo González Cepeda, dijo que en contraste con la posición del Conacyt, que defiende el decreto sin respaldo científico, “tenemos el ejemplo de la Unión Europea, que como parte del proceso para renovar la licencia de la aplicación del glifosato en los países que la integran, dio a conocer el año pasado, un extenso informe que incluye una amplia revisión de estudios científicos, concluyendo que el uso de glifosato es seguro, cuando se utiliza según las instrucciones y, sobre todo, refutó que existan pruebas de que sea causante de cáncer”.
González Cepeda recordó que apenas el 31 de mayo de este año el reporte de la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA, por sus siglas en inglés) a través de su Comité de Evaluación de Riesgos, “reportó que clasificar al glifosato como cancerígeno NO está justificado y que la conclusión está basada en una amplia revisión científica e independiente, es decir, libre de conflictos de interés.
El presidente de la UMFFAAC dijo también que la argumentación del Conacyt para defender la prohibición del glifosato apelando al “principio de precaución” y a “la defensa de derechos humanos” “responde más a cuestiones políticas e ideológicas.
Subraya que, en primer lugar, porque nunca se ofrecen las pruebas de que la aplicación del glifosato genere los ‘los riesgos irreversibles o irreparables para el medio ambiente, la diversidad biológica y la salud humana’ por lo tanto, si solo se afirma sin comprobar, apelar al principio precautorio no tiene ninguna validez”.
También enfatizó que no es posible que más de 120 países en el mundo no apliquen el principio de precaución, sobre todo en los países del primer mundo, donde sí se aplica el estado de derecho”.
Respecto a la justificación del decreto por parte de Conacyt apelando a los derechos humanos, el presidente de la UMFAACC dijo que se trataba de “una distorsión jurídica que no tiene mayor sentido, pues desde cuándo aplicar herbicidas autorizados por la propia Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, Cofepris, afecta a los derechos humanos.
Para la industria de protección de cultivos, todo indica que el Conacyt recurre a justificaciones ideológicas, y si se deja de aplicar a los cultivos, y no habiendo una alternativa viable hasta ahora, se podría generar una pérdida de entre 20 y 40 por ciento de la productividad de alimentos, dependiendo de cada cultivo, lo que afectaría de forma directa a 7 millones de agricultores. Más otros 24 millones de personas que dependen de diversas formas de la agricultura.
En este sentido, González Cepeda coincidió con las estimaciones del Consejo Nacional Agropecuario, CNA, en que una reducción de 20 por ciento en la producción implica dejar de producir más de 76 mil millones de pesos, más de 35 veces el presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat.
González Cepeda también recordó dos casos muy representativos que deben llamar la atención en nuestro país. Por un lado, el caso de Sri Lanka, que fue noticia mundial, pues el gobierno prohibió el uso de fertilizantes sintéticos y plaguicidas y el resultado estuvo a la vista de todos: la baja sustancial de la producción agrícola, particularmente de arroz y de té, la principal fuente de divisas de ese país. Profundizó la dependencia alimentaria y no tuvo más opción que retirar la prohibición.
Finalmente, el presidente de la UMFFAAC reiteró su urgente llamado al Conacyt, a las autoridades sanitarias, ambientales y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a establecer un dialogo, adas las consecuencias que tiene la imposición de políticas basadas en prejuicio e ideologías y no en investigaciones científicas.
.){kind=link}