El Comité de la ONU presentará informe tras evaluar la respuesta del Estado mexicano ante delitos y desapariciones de migrantes
El próximo 15 de abril, el Comité de la ONU sobre Trabajadores Migratorios publicará un informe con recomendaciones dirigidas a México, luego de evaluar las acciones emprendidas por el Estado para investigar delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos contra personas migrantes, informó la Fundación para la Justicia.
Durante las sesiones realizadas el 7 y 8 de abril en Ginebra, el comité destacó la ausencia de representantes clave, como la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Nacional de Migración (INM), cuya participación era considerada fundamental para abordar los temas relacionados con violaciones a migrantes en territorio mexicano.
Según la Fundación, el comité cuestionó al Estado mexicano sobre las acciones para fortalecer la búsqueda de migrantes desaparecidos y sobre la instalación de la Mesa de Búsqueda de Migrantes, pendiente desde hace tres años. Sin embargo, no recibió respuestas claras por parte de la delegación mexicana.
Asimismo, el Estado reconoció limitaciones en el diseño de políticas públicas para enfrentar la crisis de desapariciones, así como la necesidad de fortalecer el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación, especialmente en países como El Salvador, con el fin de facilitar el acceso a la justicia transnacional para las familias de migrantes desaparecidos.
Organizaciones civiles como el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Sin Fronteras, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, Asylum Access y el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, entre otras, presentaron informes sombra al comité. En ellos denunciaron violaciones sistemáticas, incluyendo desapariciones, masacres, trata, detenciones arbitrarias, militarización, discriminación y falta de acceso a derechos para la población migrante, en especial niñas, niños y adolescentes.
Uno de los temas más sensibles fue la falta de justicia para las víctimas de las masacres de migrantes, como la de San Fernando (2010 y 2011) y Cadereyta (2012).
La delegación mexicana únicamente hizo referencia a los procesos judiciales promovidos por las víctimas y la Fundación para la Justicia para acceder a los expedientes, sin ofrecer avances concretos en las investigaciones ni sobre la sanción de responsables.
“Tampoco se mencionó que en el caso de San Fernando, solo se han dictado dos sentencias contra 38 presuntos integrantes del grupo criminal ‘Los Zetas’, pero por delitos como delincuencia organizada y portación de armas, no por secuestro, tortura ni homicidio de migrantes”, subraya la Fundación.
El Estado mexicano también reconoció el bajo índice de judicialización de delitos contra migrantes, señalando que de 2019 a 2025 se han emitido 53 sentencias (43 condenatorias y 10 absolutorias), y que entre 2018 y 2023 solo se han logrado 15 sentencias por desaparición forzada, sin precisar si las víctimas eran migrantes.
