Con el propósito de brindar certeza a la población en el combate a la corrupción
Pachuca de Soto, Hidalgo, 22 de marzo de 2022.- La Diputada Citlali Jaramillo Ramírez y el Diputado Roberto Rico Ruiz, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo.
Tiene como finalidad regular la actividad que realiza el Estado y los municipios para las personas gobernadas, bajo un sistema de responsabilidad administrativa de carácter objetivo y directo, que repare la deficiencia legislativa local que impera en materia anticorrupción, y que prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la del Estado de Hidalgo.
Durante la sesión ordinaria número 39 de la LXV Legislatura del Congreso del Estado.
Citlali Jaramillo señaló que la corrupción es la coyuntura que dificulta el desarrollo del país y del Estado.
Destacó que, “una legislación inexistente, insuficiente o inadecuada, encamina a la debilidad de las instituciones públicas”, y da paso a un actuar indebido de los servidores públicos, y deriva en una nula confiabilidad de la población.
A su vez, Roberto Rico abundo en el propósito de establecer responsabilidades administrativas a los funcionarios públicos, así como de aquellas personas que, en un ánimo de colaboración contractual, intervengan en las funciones del Estado.
Sus obligaciones y las sanciones aplicables por las acciones u omisiones en los que incurran, así como las reglas y procedimientos para su aplicación, “al margen de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, partiendo de una política pública completa, articulada y precisa en sus contenidos, para cumplir con el cometido que le da origen”.
Señaló que la base es, la determinación de las conductas que derivan en responsabilidades administrativas, el desarrollo de un sistema de responsabilidades administrativas y, un régimen de sanciones que doten de certeza a los ciudadanos.
La iniciativa, se constituye como uno de los componentes estatales en el combate a la corrupción al encontrarse en una correcta vigilancia de la medida de regularidad de las leyes ordinarias, y como un instrumento correctivo y de garantía para el buen funcionamiento de las instituciones, cuyo cometido es, el interés general y la función disuasiva de incentivar un correcto comportamiento de los actores del servicio público, puntualizó.
